Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen I Europa Press
El Gobierno español se enfrenta a nuevos retos para acceder a los fondos europeos Next Generation, que suman más de 20.000 millones de euros en su próximo desembolso. Entre las condiciones pactadas inicialmente figuraba la aprobación de diversas leyes, como la de familias, servicios sociales, industria y eficiencia organizativa en justicia, así como reformas en fiscalidad y sanidad. No obstante, la Comisión Europea ha concedido una prórroga para algunas de estas medidas, a cambio de priorizar inversiones ya ejecutadas en energías renovables, ciberseguridad y mantenimiento de costas.
El impuesto al diésel: nueva exigencia europea
Como parte de las renegociaciones, Bruselas ha introducido un nuevo requisito para liberar los fondos: aumentar la fiscalidad del diésel. Esta medida, vinculada al quinto tramo del plan de recuperación, se traduce en una subida de 11 céntimos por litro, lo que encarecería un repostaje medio en unos seis euros. El documento oficial estipula que este compromiso debe cumplirse antes de marzo de 2024. De lo contrario, la Unión Europea retendrá parte de los 8.000 millones en ayudas directas previstos en este tramo.
Un plan de recuperación en evolución
Los fondos europeos, diseñados para mitigar los efectos de la pandemia, asignaron a España 140.000 millones de euros, divididos en ayudas directas y préstamos. Hasta ahora, el Gobierno ha recibido 48.000 millones en subvenciones. Sin embargo, la ejecución del plan ha requerido ajustes constantes. Entre los cambios recientes destacan el retraso de la ley de familias al séptimo desembolso, la reprogramación de reformas fiscales al octavo tramo y la sustitución de proyectos de hidrógeno verde que involucraban a pymes por iniciativas menos exigentes. Además, se ha modificado el compromiso de una ley de servicios sociales por acuerdos en el consejo territorial del sector.
Presiones políticas y económicas
La subida del impuesto al diésel no ha estado exenta de controversia. El Gobierno intentó incluirla en su paquete tributario, pero la oposición de Podemos la bloqueó, alegando que afecta desproporcionadamente a las rentas bajas. Esta falta de apoyo en un Parlamento fragmentado dificulta la aprobación de la medida. Sin embargo, la presión de Bruselas podría inclinar la balanza, ya que el incumplimiento del compromiso fiscal supondría la congelación de una parte de los fondos.
El tiempo como adversario
Con el horizonte de 2026 como fecha límite para ejecutar los fondos Next Generation, el reloj corre en contra del Ejecutivo español. Esta es la tercera revisión del plan y se espera una cuarta, que incluirá la redistribución de recursos hacia las zonas afectadas por las inundaciones de la Dana. La incertidumbre sobre la aprobación del nuevo impuesto al diésel y otros compromisos pendientes mantiene en vilo la obtención de los fondos, esenciales para impulsar la recuperación económica del país.
