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El Congreso vota hoy una reforma fiscal clave para España. El resultado no solo afectará la recaudación de la Agencia Tributaria, sino también el acceso al quinto pago del Plan de Recuperación, cifrado en 7.200 millones de euros en subvenciones. De no aprobarse, España podría enfrentarse a una doble penalización: una multa de Bruselas por demoras y una reducción en los fondos europeos comprometidos.
El origen de este escenario está en la falta de implementación del tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que debía estar en vigor desde enero. Este retraso llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente sancionador contra España, vinculando esta medida a los cambios tributarios exigidos para desbloquear el siguiente tramo de ayudas comunitarias.
El caos legislativo y su impacto en las cuentas públicas
La comisión de Hacienda del Congreso vivió momentos de tensión esta semana, con propuestas clave como la elevación de la fiscalidad del diésel y la extensión de los impuestos a banca y energéticas rechazadas. Esto no solo pone en evidencia las dificultades del Gobierno para alcanzar mayorías parlamentarias, sino que también deja en el aire millones de euros en potencial recaudación.
El impuesto mínimo global: una asignatura pendiente
La tasa mínima del 15% sobre multinacionales, diseñada en el marco de la OCDE con la participación de más de 140 países, fue adoptada por la Unión Europea en una directiva comunitaria que debía incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales en enero. Sin embargo, en España, la repetición electoral y la fragmentación política han frenado su implementación.
Este impuesto busca gravar a corporaciones con ingresos superiores a 750 millones de euros, que suelen emplear estrategias fiscales complejas para reducir su carga tributaria. Según cálculos de la OCDE, el sistema podría generar 200.000 millones de euros adicionales a nivel global. En España, el Ejecutivo estima ingresos extras de 2.000 millones de euros.
Reforma fiscal y fondos europeos: una relación compleja
Aunque forma parte de la misma votación, la reforma fiscal incluye medidas adicionales exigidas por Bruselas para liberar los fondos europeos. Entre estas se encuentran la revisión de beneficios fiscales ineficientes, identificados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y la aplicación de recomendaciones de expertos para modernizar el sistema tributario.
El Consejo de la UE ha subrayado la importancia de estas reformas para alinear la recaudación fiscal española con la media europea, mejorar la eficiencia tributaria e incorporar tendencias como la fiscalidad ambiental y la digitalización económica.
Un tramo condicionado por múltiples factores
La aprobación de la reforma fiscal no es el único requisito para desbloquear el quinto desembolso de los fondos europeos. Otros compromisos, como la modificación de la Ley de Aguas y la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, también son fundamentales. En caso de incumplimiento parcial, el importe del tramo se reduciría de manera proporcional a la importancia de los objetivos pendientes.
