El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado este viernes que Sumar, el socio minoritario de la coalición que junto con el PSOE sustenta el Gobierno de España, va a “garantizar” que la proposición de Ley Orgánica que el PSOE y Junts han registrado en el Congreso para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña mantiene “un pleno respeto escrupuloso de los derechos humanos”.
Así lo ha indicado el ministro a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de mantener una reunión en Sevilla con la consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y en respuesta al papel que Sumar desempeñará en la tramitación parlamentaria de dicha iniciativa legislativa.
Pablo Bustinduy ha indicado que a él “personalmente” no le “preocupa el marco en el que se está dando esta discusión”. “Creo que hablamos de una delegación de competencias (a la comunidad autónoma de Cataluña) en el marco previsto por la Constitución española, y con plenas garantías del cumplimiento de la legislación europea, internacional y del Estado en materia migratoria”, ha comentado en esa línea.
Ha añadido que cree que la cuestión que trata dicha proposición de ley “entronca con una lógica de descentralización, de autogobierno y de autonomía” que es “positiva para el desarrollo de un Estado complejo como es el español”.
Dicho esto, el ministro ha puntualizado que “en la tramitación parlamentaria de esta norma habrá que escuchar todas las posiciones, habrá que negociar todas las posiciones con total normalidad, como pasa en el Congreso de los Diputados con todas las normas”, y en ese punto ha asegurado que “el papel de Sumar va a ser el de garantizar un pleno respeto escrupuloso de los derechos humanos en cualquier norma que salga del Congreso”.
Pablo Bustinduy ha aludido en ese punto a lo que es una de las “prioridades” de Sumar “en esta materia, que es que se lleve a término la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas extranjeras en nuestro país”, según ha señalado.
Tras ello, el ministro de Derechos Sociales ha opinado que, “más allá de los aspavientos o de las reacciones iniciales, perfectamente legítimas”, que se den sobre esta iniciativa del PSOE y Junts, “hay que centrar el tiro”, y entender que “España necesita una política coherente en materia migratoria basada en la defensa de los derechos humanos”.
Acuerdo de inmigración PSOE-Junts
“Y eso aplica a esta cuestión, pero también, por ejemplo, a la falta injustificable de solidaridad con la situación que está viviendo Canarias, por ejemplo, desde hace más de un año, y a la necesidad de encontrar una solución que respete los compromisos en materia de derechos humanos y de Derecho internacional por parte de España”, ha abundado Pablo Bustinduy.
Al respecto, ha advertido de que “algunas de las voces que han salido a protestar contra una norma que ni siquiera ha empezado a tramitarse son algunas de las que se niegan a alcanzar un acuerdo en esta materia, que es algo que creo que clama contra la legislación vigente, contra nuestros compromisos y contra el sentido común también”.
De nuevo a preguntas de los periodistas, el ministro ha insistido en señalar que a él no le preocupa “la lógica general de la descentralización”, y ha dicho que se aventura “incluso a pensar, porque esto es algo que ya lo hemos vivido, que muchos de los que se oponen por principios a esta delegación” de competencias, “probablemente la acabarán reclamando después, porque esto ha sucedido varias veces, es la lógica del Estado de las Autonomías y yo no tengo un problema” a priori “en ello”, ha agregado.
De los “contenidos concretos” de la iniciativa, el ministro ha insistido en señalar que “en la tramitación parlamentaria habrá que escuchar todas las voces”, y ha reiterado que, “desde luego, la función del grupo parlamentario de Sumar va a ser asegurarse de que hay un respeto escrupuloso de las obligaciones en materia de derechos humanos adquiridas por España”, ha sentenciado.
