El influyente bufete anglosajón Amsterdam & Partners prepara acciones legales en varias instancias judiciales europeas, incluyendo España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. El objetivo es denunciar a la Agencia Tributaria española, a la que acusan de haber emprendido una “persecución sistemática” contra los beneficiarios del régimen fiscal de impatriados, conocido como Ley Beckham. Según el despacho, esta actuación vulnera derechos fundamentales y resulta incompatible con los estándares de una democracia europea consolidada.
Desde el bufete afirman que la Agencia Tributaria ha transformado un incentivo fiscal en una herramienta punitiva contra directivos y profesionales extranjeros. No obstante, fuentes del sector legal español rechazan la existencia de una ofensiva institucional. “No se ha registrado un aumento significativo de inspecciones ni en 2025 ni en años recientes”, afirma Ángel Sánchez, socio del bufete Golden Partners, especializado en asesoramiento a extranjeros con alto poder adquisitivo. Según él, las comprobaciones son puntuales y responden a señales de alerta concretas o a información internacional.
El régimen Beckham permite tributar al 24 % por rentas generadas en España hasta un máximo de 600.000 euros, sin incluir los ingresos del extranjero. Para Hacienda, el contribuyente adquiere la residencia fiscal en España, pero accede a un tratamiento fiscal especial durante seis años. Esta figura, diseñada originalmente para deportistas de élite, se ha consolidado como un atractivo legal para captar talento internacional en sectores como la tecnología, la consultoría o la farmacéutica.
En 2024, Amsterdam & Partners ya lanzó una agresiva campaña en el Financial Times, acusando a la Agencia Tributaria de convertir el régimen en una “trampa legal” para ejecutivos extranjeros. A través del dominio “Carteristas Fiscales Españoles”, denunciaron presuntos abusos regulatorios y una supuesta inseguridad jurídica. La respuesta del Ministerio de Hacienda fue tajante: calificó las acusaciones como “injuriosas y carentes de base”, destacando que menos del 0,5 % de los beneficiarios ha sido objeto de inspección.
Desde el entorno fiscal, se insiste en que estos perfiles suponen una ganancia neta para el Estado, no solo por su alta tributación en rentas laborales, sino también por su consumo interno y su integración posterior como residentes fiscales permanentes. Hacienda publica anualmente su Plan de Control Tributario, en el que se incluyen como áreas prioritarias los regímenes especiales, las estructuras societarias opacas y la economía sumergida.
En el caso del régimen Beckham, la atención se ha centrado en el uso de sociedades pantalla, la explotación de derechos de imagen o la canalización de ingresos desde el extranjero. La Agencia Tributaria utiliza herramientas como el cruce automático de datos vía CRS y FATCA, modelos predictivos de riesgo y un muestreo aleatorio para verificar que los beneficiarios no hayan residido en España en los cinco años anteriores.
Tras la eliminación de las Golden Visa en abril de 2025, este régimen fiscal ha cobrado aún más relevancia como alternativa para expatriados cualificados y españoles repatriados. Según datos de Amsterdam & Partners, entre abril y mayo de 2025 se presentaron tantas solicitudes como en todo el último trimestre de 2024, lo que sugiere que, pese a la controversia jurídica, el interés por el régimen sigue creciendo.
