El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado un paso adelante en la investigación del «caso Tsunami». Tras la citación por videoconferencia de Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg por parte del Tribunal Supremo (TS) para el próximo mes de junio, el juez ha iniciado el proceso para tomar declaración al resto de los imputados.
Una causa penal por terrorismo
La investigación, que fue transferida a la Audiencia Nacional por el TS en la resolución en la que decidió abrir una causa penal por terrorismo contra el expresidente, es una de las afectadas por la ley de amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez busca implementar.
Tres imputados “sin domicilio”
García Castellón ha requerido a los abogados de los aproximadamente diez investigados, entre ellos Marta Rovira de ERC, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell y Josep Campmajó, que proporcionen al juzgado sus direcciones precisas para recibir las citaciones de comparecencia. Además, el juez ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que localicen el domicilio de tres de los imputados: Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani y Nicola Flavio Giulio.
Puigdemont imputado en el caso
El Tribunal Supremo, en una decisión unánime, determinó en febrero que existían indicios de terrorismo en relación con Puigdemont y Wagensberg, citándolos como imputados y fijando sus comparecencias para junio. El alto tribunal considera que Puigdemont era el líder indiscutible de Tsunami Democràtic, una plataforma independentista implicada en graves altercados durante las protestas contra la sentencia del «procés» en 2019.
¿Qué es el “caso Tsunami”?
Es una investigación judicial que se centra en las actividades de Tsunami Democràtic, una plataforma independentista catalana. Esta plataforma surgió en respuesta a la sentencia del «procés», el proceso judicial contra líderes independentistas catalanes, que culminó en octubre de 2019 con condenas de prisión para varios de ellos.
Tsunami Democràtic organizó una serie de protestas y acciones de desobediencia civil en Cataluña, algunas de las cuales implicaron bloqueos de carreteras, ocupaciones de edificios públicos y otras formas de movilización. Estas acciones fueron especialmente intensas tras el anuncio de las sentencias por el Tribunal Supremo español.
El «caso Tsunami» investiga posibles delitos relacionados con estas actividades, incluidos los delitos de desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y posiblemente terrorismo, dependiendo de la interpretación legal de las acciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic. El caso ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad pública, así como sobre la aplicación de la ley antiterrorista en contextos de movilización social y política.
