La Junta de Castilla y León ha autorizado el procedimiento de expropiación forzosa de los agricultores que no han llegado a un acuerdo con las empresas que se dedican a la construcción del macroparque fotovoltaico situado en la Llanada (León). Una situación que la organización agraria Asaja no ha dudado en mostrar su indignación y ha asegurado que este proyecto “no responde al interés general” y “pide por enésima vez a las administraciones públicas que preserven el suelo agrícola de la provincia”.
La organización Asaja explica que este proyecto que promueve el macroparque de La Llanada en el término municipal de Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo (León), forma parte del expediente de expropiación autorizado a favor de Planta Fotovoltaica La Llanada SL y Planta Fotovoltaica Valtarafón SL, dos empresas leonesas y que comparten el mismo domicilio social. Hay que destacar que el presupuesto que le corresponde a este proyecto es de 24 millones de euros y Asaja recuerda que: “Ambos proyectos han estado desde el inicio bajo las competencias de la Junta de Castilla y León, incluyendo la autorización urbanística y ambiental”.
El BOE, Boletín Oficial del Estado, publicó en el mes de marzo una lista de las primeras expropiaciones que se van a realizar y ya ha salido la segunda lista, en total se van a expropiar 104 parcelas que son de uso agrario y que pertenecen a al menos 106 propietarios. Una situación que la organización Asaja no ha dudado en criticar: “no responde al interés general, sino única y exclusivamente al interés de sus promotores, y que en todo caso, siempre podrían tener otro emplazamiento».
¿Es justo el ‘justiprecio’?
La organización agraria también «pide por enésima vez a las administraciones públicas que preserven el suelo agrícola de la provincia de este tipo de instalaciones, que no autoricen más líneas de evacuación aérea y que como mal menor sean subterráneas y que, en ningún caso, se llegue a la expropiación forzosa”.
Esta situación se traduce en que con la expropiación a los agricultores sobre sus tierras, a pesar de que van a recibir una indemnización, también llamado “justiprecio”, deja en paro a 106 propietarios que llevan años o incluso generaciones dedicándose al campo. Una medida que lo que hace es aumentar el paro dentro del sector del campo y reduce la producción agraria en la región, lo que afecta también a la exportación de productos españoles, que además es una parte importante de la economía española.
