Menas en Canarias. Redes sociales/ La Gaceta
Un centro para menores extranjeros no acompañados (MENAs) en Gran Canaria ha cerrado sus puertas de forma definitiva tras una orden del juzgado piloto de violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas. El juzgado canario ha decretado el cierre y precinto judicial por la supuesta comisión de delitos de odio y lesiones en el interior del centro.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anunciado esta medida del centro Emena la Fortaleza I, que gestiona ‘Quorum 77’ “ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en el interior de los delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir los delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas”.
El cierre del centro de MENAs ha sucedido después de que la Policía Judicial de la Policía autonómica canaria entrara en el centro y llevara a cabo un registro de la propiedad del Estado, ante las denuncias recibidas por parte del juzgado mencionado anteriormente.
A día de hoy, el centro de menores extranjeros no acompañados acogía en su interior entre 80 y 100 MENAs con condena de reforma. Hay que destacar que la instalación de este centro levantó muchas polémicas en un inicio debido a que operaba sin supervisión oficial y se encontraba ubicado en un suelo rústico no estaba destinado a desempeñar este tipo de actividades.
Antes de su cierre definitivo, el mencionado centro se encontraba en medio de un pleito con el Ayuntamiento de Las Palmas debido a que había sido denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Natural porque estaba construido en suelo rústico y no había contado con la autorización pertinente para poder construirse.
El Gobierno quiere regularizar a miles de MENAs que viven en Canarias
Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó hace tres semanas un plan de choque para poder acelerar la regularización de miles de MENAs que se encuentran actualmente en Canarias. Esta polémica medida pretende agilizar la tramitación burocrática de los expedientes que se encuentran acumulados en los despachos.
El programa arrancará este lunes y se extenderá hasta el 31 de mayo. Consiste en ofrecer incentivos económicos a los funcionarios que acepten prolongar su jornada laboral para tramitar los expedientes pendientes. Cada autorización procesada será remunerada con cinco euros adicionales, lo que representa un coste estimado inferior a 5.000 euros en total. Aunque esta tramitación extraordinaria no implica necesariamente la resolución definitiva de cada caso, sí conlleva iniciar formalmente el procedimiento y requerir a la comunidad autónoma la documentación necesaria, según publica La Gaceta.
Según datos oficiales, de los aproximadamente 5.800 MENAs acogidos en las islas sólo 800 cuentan con permiso de residencia.
