En agosto de 2023, se cumplió un año desde el inicio de la actual legislatura bajo el liderazgo del presidente del Gobierno. Este periodo ha estado marcado por una evidente debilidad legislativa, con un número sorprendentemente bajo de leyes aprobadas y una serie de derrotas parlamentarias que han dejado en evidencia las dificultades del Ejecutivo para consolidar una mayoría estable en el Congreso de los Diputados. A lo largo de este primer año, el Gobierno solo ha conseguido sacar adelante cinco leyes y siete decretos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado serias dificultades para llevar proyectos de ley al Congreso y obtener el respaldo necesario para su aprobación. En total, durante este año de legislatura, el Congreso ha aprobado apenas dos leyes, tres leyes orgánicas y siete decretos-leyes. Esta producción legislativa es considerablemente baja si se compara con otros gobiernos en periodos equivalentes. Por ejemplo, en el primer año de Mariano Rajoy como presidente, se aprobaron 17 leyes, ocho leyes orgánicas y 29 reales decretos-leyes. Incluso durante su segundo mandato, entre noviembre de 2016 y mayo de 2018, Rajoy logró aprobar cuatro leyes y una significativa cantidad de decretos-leyes.
Es evidente la incapacidad de Sánchez para obtener la confianza mayoritaria de los diputados y llevar adelante una agenda legislativa robusta. La debilidad de su coalición y la fragmentación del apoyo parlamentario se han convertido en un obstáculo , limitando la capacidad del Gobierno para impulsar reformas y proyectos clave.
La Ley de Amnistía
Uno de los pocos logros legislativos de Sánchez en este año ha sido la aprobación de la polémica ley de amnistía. Esta ley fue finalmente ratificada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2023, después de meses de intensas negociaciones con partidos independentistas catalanes, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya.
La ley de amnistía, que pretendía cerrar algunas de las heridas políticas abiertas por el proceso independentista en Cataluña, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del Gobierno. La necesidad de apoyarse en partidos independentistas para lograr su aprobación ha dejado a Sánchez en una posición delicada, con acusaciones de ceder demasiado a las demandas de estos grupos en detrimento del interés general.
Más de la mitad de las normativas aprobadas por el Gobierno en este año corresponden a decretos-leyes, una figura legislativa que la Constitución Española reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». El recurso frecuente a esta herramienta ha sido interpretado como un intento del Gobierno de sortear la falta de consenso en el Congreso y avanzar con medidas que, de otra manera, habrían encontrado una fuerte oposición parlamentaria.
Este uso del decreto-ley no solo ha sido cuestionado por la oposición, sino también por expertos en derecho constitucional, quienes advierten que se está desvirtuando el proceso legislativo y se está debilitando el papel del Parlamento como órgano deliberativo. E Gobierno ha sido acusado de gobernar a base de decretos, evitando el debate y la negociación necesarios para la aprobación de leyes ordinarias.
Derrotas Parlamentarias
La debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez no solo se refleja en la escasa producción legislativa, sino también en el alto número de derrotas parlamentarias que ha sufrido en este primer año de legislatura. En total, el Ejecutivo ha perdido 32 votaciones en el Congreso, un número que pone en evidencia las dificultades para mantener la cohesión dentro de su coalición y para asegurar el apoyo de otros grupos parlamentarios. Entre las derrotas más destacadas se encuentran el rechazo de Podemos al decreto que regulaba el subsidio por desempleo, la oposición de Junts a la ley de amnistía por considerar que debía abarcar más supuestos de borrado de delitos, y el fracaso en la aprobación de la Ley de Extranjería y del techo de gasto para 2025.
Uno de los retos más significativos que enfrenta el Gobierno en el futuro inmediato es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La relación con los partidos independentistas, especialmente con Junts per Catalunya, se ha vuelto cada vez más incierta, particularmente después de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Si los secesionistas deciden no respaldar al Gobierno, Sánchez se vería obligado a prorrogar nuevamente las cuentas públicas, ya que las actualmente vigentes son las de 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajo instrucciones de Sánchez, decidió no llevar al Congreso los Presupuestos para este año debido al temor de una derrota.
Otra estrategia del Gobierno para evitar nuevas derrotas parlamentarias ha sido la retirada de leyes en el último momento. Un ejemplo de esto fue la Ley del Suelo, que fue retirada antes de ser debatida en el Pleno del Congreso, presumiblemente para evitar un rechazo que habría supuesto otra derrota para el Ejecutivo.
