En las últimas semanas, la policía española ha denunciado varios casos de ciudadanos marroquíes que intentan entrar fraudulentamente a España haciéndose pasar por saharauis perseguidos. El sindicato de la policía (SUP) ha solicitado al gobierno español que imponga un requisito de visa de tránsito para los viajeros marroquíes como medida para evitar el abuso del sistema de asilo.
Según el sindicato, muchos marroquíes han utilizado la falta de necesidad de visa para algunos destinos, como Cuba, para tomar vuelos con escalas en Madrid, donde luego solicitan asilo alegando ser saharauis. Los funcionarios del SUP han subrayado que, aunque algunas personas afirmen ser saharauis, eso no necesariamente indica que lo sean, ni que estén siendo perseguidas por el gobierno de Marruecos.
Para abordar esta problemática, el sindicato ha defendido el trabajo de los agentes de policía que se encargan de realizar las entrevistas a los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, así como de los funcionarios responsables de decidir si se concede o no el asilo. Estos profesionales siguen protocolos previamente establecidos y verifican si los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados refugiados.
El SUP también ha criticado las huelgas de hambre iniciadas por algunos de estos solicitantes de asilo después de que sus peticiones fueran denegadas, calificándolas como un intento de ejercer presión mediática y manipular el sistema legal. Además, denunciaron que estas acciones buscan forzar la situación en lugar de seguir los cauces establecidos para el proceso de asilo. En este contexto, se refirieron al incidente en el que la líder del partido Podemos, Ione Belarra, intentó visitar las salas donde se encuentran los solicitantes en Barajas, una solicitud que fue rechazada. Se espera que otros miembros del Parlamento Europeo, como Irene Montero e Isa Serra, intenten hacer lo mismo.
La preocupación por el presunto uso fraudulento del derecho de asilo ha llevado al SUP a pedir que se imponga un requisito de visa de tránsito no solo a ciudadanos marroquíes, sino también a egipcios que deban hacer escala en España. Este tipo de medidas ya se han implementado en el último año para viajeros de países como Kenia, Senegal, Sudán, Chad y la República Centroafricana, como parte de un esfuerzo más amplio para evitar el uso indebido del sistema de asilo.
El debate sobre cómo el gobierno español está gestionando el caso de los solicitantes de asilo marroquíes surge en un momento en que se planea la deportación de diez activistas pro-Polisario de regreso a Marruecos, tras concluir que no cumplen con los requisitos para recibir asilo, a pesar de que protestaron con huelgas de hambre en el aeropuerto. Actualmente, 57 ciudadanos con pasaporte marroquí están detenidos en las instalaciones de asilo de Barajas.
De concretarse estas deportaciones, se podría interpretar como una alineación de España con la postura de Marruecos frente al movimiento separatista Polisario. Este enfoque refuerza la relación positiva entre Madrid y Rabat, un vínculo que España busca preservar mientras evita verse involucrada en el conflicto del Sahara Occidental. Sin embargo, la postura firme del gobierno ha sido criticada por sectores de la coalición de izquierda liderados por Podemos.
