Desde junio, se ha observado un incremento alarmante en las solicitudes de asilo de ciudadanos mauritanos. Este aumento ha sido del 350% en comparación con el mes anterior, lo que ha llevado a que las salas de asilo del aeropuerto madrileño se saturen. Los ciudadanos de Mauritania constituyen casi el 15% del total de peticiones de asilo registradas en lo que va del año, convirtiéndose en el segundo país con mayor número de solicitudes, solo por detrás de Senegal.
Fraude documental
La estrategia empleada por muchos de estos solicitantes de asilo incluye un viaje que parece tener como destino final países de Sudamérica, como Nicaragua o El Salvador, con una escala previa en Casablanca, Marruecos. Sin embargo, al llegar a Madrid, muchos de ellos rompen sus pasaportes y alegan falsamente ser menores de edad para solicitar asilo. Esta práctica ha contribuido a la saturación de las instalaciones y al aumento de la presión sobre el personal del aeropuerto.
A pesar de las advertencias y solicitudes de medidas urgentes por parte de la Confederación Española de Policía (CEP) y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, no se ha tomado acción significativa. La CEP ha instado a implementar un visado de tránsito aeroportuario para los viajeros desde Mauritania, una medida que permitiría hacer escala en España sin acceder al país y que impondría requisitos adicionales para prevenir fraudes y el tráfico de personas. Sin embargo, la falta de respuesta de los Ministerios involucrados ha impedido que esta solución se materialice.
Operatividad del Aeropuerto
La crisis ha tenido un impacto directo en la seguridad del aeropuerto y en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Los policías destinados en el Puesto Fronterizo han tenido que encargarse de una cantidad desproporcionada de solicitantes de asilo, lo que incrementa el riesgo de incidentes y motines, especialmente cuando se les niega la solicitud de protección internacional. La necesidad de redistribuir agentes para realizar estas funciones de custodia ha debilitado la capacidad del personal para cumplir con su misión principal de proteger la seguridad ciudadana.
