El Partido Popular ha anunciado la creación de Oficinas Antiokupas en las comunidades autónomas bajo su gobierno, como parte de su Plan Integral de Vivienda. Este plan, acordado en la Declaración de Asturias, incluye medidas como desalojos exprés en 24 o 48 horas, avales bancarios, nuevas leyes del suelo y reformas legales para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la okupación ilegal ha aumentado un 40%, según denunció Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Actualmente, España cuenta con 80.000 viviendas okupadas y 25.000 casos de inquiokupación, un fenómeno que permite a los ocupantes ilegales residir durante años en propiedades sin pagar renta.
La Ley Antiokupas, aprobada en el Senado en febrero de 2024, permanece bloqueada en el Congreso debido a las extensiones de enmiendas impulsadas por PSOE y Sumar. Gamarra denunció que estas políticas «protegen al okupa, no al propietario», y reafirmó el compromiso del PP de implantar mecanismos para desalojar ocupantes ilegales de forma efectiva y rápida.
Oficinas antiokupas
La medida tiene como referente la gestión pionera en Badalona, liderada por Xavier García Albiol, donde la creación de la primera Oficina Antiokupas ha reducido la incidencia de okupaciones en un 14,6% durante el primer semestre de 2024. Este modelo incluye un protocolo por el que la Policía Municipal interviene de inmediato tras una denuncia vecinal, logrando desalojos sin necesidad de largos procesos judiciales.
El protocolo detalla:
- Un teléfono de atención 24 horas para alertar de okupaciones en curso.
- Instrucciones claras para propietarios y policías sobre cómo actuar frente a la usurpación.
- Asesoría jurídica gratuita a los afectados por okupaciones.
- Medidas para impedir que los okupas utilicen las zonas comunes de las comunidades de vecinos.
Los gobiernos autonómicos del PP, como Madrid, Andalucía y Castilla y León, ya han implementado sistemas similares para combatir la okupación. En la Comunidad de Madrid, el teléfono de denuncias ha permitido actuar con rapidez, mientras que Andalucía reporta una disminución de casos gracias a la asistencia legal y a protocolos preventivos.
Un modelo polémico
A pesar del alarmante panorama de la okupación en España, la creación de oficinas antiokupación no ha resultado siempre útil o beneficiosa para combatir la problemática, representando más un gasto con fines políticos que un verdadero beneficio para la comunidad.
En Castellón, la alcaldesa Begoña Carrasco propuso en 2023 la creación de una oficina antiokupación para ofrecer asesoramiento jurídico a los vecinos afectados. Sin embargo, casi un año después, esta oficina sigue sin estar operativa y sin una fecha prevista de apertura. El Colegio Oficial de Abogados de Castellón, que debía colaborar en el proyecto, confirma que no han recibido noticias del Ayuntamiento desde una reunión inicial en noviembre pasado. Mientras tanto, barrios como el Raval Universitario permanecen controlados por grupos que atemorizan a los vecinos, evidenciando la inacción del gobierno local.
En otras regiones, como Castilla y León, el panorama es similar. Las oficinas antiokupas, abiertas desde junio de 2024 en colaboración con las Cámaras de la Propiedad Urbana, han recibido solo 109 consultas en seis meses. En provincias como Ávila y Salamanca no se registraron solicitudes, demostrando una verdadera falta de utilidad de estas oficinas. A pesar de esto, la Junta defiende su iniciativa, argumentando que ha ayudado a contener la okupación, aunque los datos reflejan lo contrario.
En Alicante, una oficina similar impulsada por el PP en alianza con Vox ha sido criticada por generar alarma social y no ofrecer soluciones reales al problema. La izquierda acusa a estos proyectos de ser herramientas ideológicas que desvían la atención de problemas más urgentes, como el acceso a la vivienda.
Reformas legales necesarias
El PP subraya la necesidad de endurecer las penas por okupación y declarar nulos los empadronamientos de okupas, medidas contempladas en la Ley Antiokupas. Además, exigen la reducción de los umbrales de vulnerabilidad establecidos en la Ley de Vivienda de 2023, que consideran excesivamente altos y una «invitación a la usurpación».
Según Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, el actual umbral de vulnerabilidad, fijado en tres veces el IPREM (1.800 euros/mes), desprotege a los propietarios, ya que incluye a personas que no son realmente vulnerables.
El PP denuncia que, pese a la urgencia, el Gobierno de Sánchez sigue bloqueando iniciativas clave como la Ley Antiokupas. Por ello, el partido trabajará para garantizar que sus comunidades autónomas implementen las Oficinas Antiokupas de manera inmediata, ofreciendo un servicio integral que incluye asesoría legal, atención preferente y protocolos preventivos.
Cuca Gamarra concluyó su visita a Badalona destacando el éxito del modelo antiokupa y afirmando que, con las políticas del PP, España podría resolver este problema en menos de un año. «Es hora de proteger el patrimonio de los españoles frente a las políticas equivocadas que generan inseguridad y miedo entre los propietarios», sentenció.
