Imagen: ministra de Educación, Pilar Alegría I EFE
El Ministerio de Educación y los principales sindicatos de enseñanza iniciaron este martes las conversaciones para impulsar una reforma integral del profesorado en España. Este ambicioso proyecto afectará a 784.000 docentes que enseñan a 8,3 millones de estudiantes en las etapas preuniversitarias.
El proceso de negociación, pendiente desde hace tres años, prevé ser extenso. Sin embargo, las medidas acordadas podrán aplicarse gradualmente sin necesidad de esperar a la conclusión del diálogo, según han señalado ambas partes.
Las demandas de los sindicatos: horario, ratios y reconocimiento
Los sindicatos han puesto sobre la mesa tres prioridades clave para mejorar tanto las condiciones laborales de los docentes como el rendimiento académico de los alumnos.
La primera de estas demandas es la reducción del horario lectivo semanal, que los sindicatos proponen fijar en un máximo de 18 horas para secundaria y 23 para primaria e infantil, obligando a todas las comunidades autónomas a cumplir estos límites. Aunque algunas regiones ya se ajustan a estos horarios, otras, como Madrid, siguen con jornadas de hasta 20 y 25 horas, respectivamente.
La segunda exigencia es la disminución del número de alumnos por aula. Los sindicatos sugieren que los estudiantes con necesidades educativas especiales o en situación de desventaja socioeducativa cuenten doble a efectos de ratio, lo que facilitaría la implementación de esta medida sin modificar la ley vigente.
Por último, los sindicatos reclaman la equiparación del cuerpo de maestros al nivel administrativo A1, igualándolos al profesorado de secundaria. Este cambio, que beneficiaría a casi la mitad de los docentes, corregiría una desigualdad histórica que dejó de tener sentido con la unificación de los grados universitarios en cuatro años.
Un debate sobre el futuro de la carrera docente
Además de estas demandas, el Ministerio de Educación ha planteado una serie de reformas que considera necesarias para mejorar el sistema educativo. Entre estas propuestas figura la creación de un “Marco de competencias profesionales docentes”, que definiría los conocimientos, habilidades y actitudes esperados en los docentes a lo largo de su trayectoria laboral.
Este marco, cuya versión preliminar consta de 154 páginas, detalla 10 áreas de competencia, como la gestión del aula, la igualdad y la innovación educativa, con niveles de desempeño que van desde el inicial hasta el experto. Aunque los sindicatos consideran esta propuesta teórica, podría convertirse en la base para estructurar una nueva carrera profesional con incentivos por mérito.
Oposiciones y filtros de acceso
El Ministerio también busca revisar el sistema de acceso a la profesión docente. Entre las propuestas se encuentra la actualización de los temarios de las oposiciones, que en algunos casos datan de los años noventa, y la inclusión de pruebas prácticas para evaluar competencias pedagógicas.
Otra medida que genera debate es la implantación de una prueba específica de acceso a los grados de magisterio, similar a la que ya funciona en Cataluña y Baleares. Este examen evaluaría habilidades lingüísticas y matemáticas, así como la vocación docente, y permitiría filtrar el acceso en una carrera que produce más titulados de los que el sistema educativo puede absorber.
Retos y perspectivas
A pesar de las diferencias iniciales, tanto el Gobierno como los sindicatos coinciden en la importancia de mejorar las condiciones laborales y la calidad educativa en España. Sin embargo, los representantes sindicales han mostrado reticencias a algunas de las propuestas ministeriales, argumentando que priorizan cuestiones teóricas por encima de las necesidades más urgentes.
