La nueva ley de prensa del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá efectos significativos en varios aspectos del funcionamiento de los medios de comunicación en España.
Registro de medios de comunicación
Una de las medidas clave es la creación de un registro de medios de comunicación. Este registro permitirá conocer quiénes son los propietarios de los medios y los ingresos publicitarios que reciben. La intención es mejorar la transparencia y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a información veraz, como establece el artículo 20 de la Constitución. Todos los medios deberán hacer públicas sus fuentes de ingresos, lo que busca evitar la dependencia de estos respecto a entidades públicas o privadas que puedan influir en sus contenidos.
Por ejemplo, el Grupo Prisa, propietario de medios como El País y Cadena SER, tendrá que incluirse en el registro de medios, haciendo públicos los detalles sobre sus propietarios y los ingresos publicitarios que recibe, tanto de fuentes privadas como de instituciones públicas. Por ejemplo, cuando alguna entidad gubernamental como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona contrata campañas publicitarias con El País, estos ingresos deberán hacerse públicos anualmente, ofreciendo mayor transparencia sobre la relación entre los medios y las administraciones.
En este sentido, si un medio recibe una cantidad desproporcionada de fondos públicos, se cuestionaría su independencia editorial.
Limitación de la financiación pública a medios
El plan también incluye restricciones a la financiación que las administraciones públicas pueden destinar a los medios de comunicación. Se busca impedir que los medios se vean influenciados por los recursos de gobiernos autonómicos u otras instituciones públicas, lo que podría comprometer su independencia. Asimismo, se pretende reformar la Ley de Publicidad Institucional, introduciendo criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos publicitarios.
Medios como La voz de Galicia o Canal Sur, que son financiados en gran medida por los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía, respectivamente, verían limitada la cantidad de recursos que pueden recibir de sus administraciones. Esto podría forzar a estos medios a buscar más ingresos a través de la publicidad privada, diversificando sus fuentes de financiación.
Reforma de la ley del secreto profesional
Otra de las reformas importantes es la modificación de la ley del secreto profesional de los periodistas. Aunque no se han especificado todos los detalles, la reforma apunta a equilibrar el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes con la necesidad de que la información pública sea lo más veraz y responsable posible.
Periodistas de eldiario.es o Público, que han publicado informaciones basadas en filtraciones o fuentes confidenciales, podrían verse obligados a enfrentar nuevas restricciones bajo la reforma del secreto profesional. Si bien los periodistas tendrían derecho a proteger sus fuentes, el marco legal podría imponer mayores responsabilidades para verificar la información que publican. Esto podría hacer que algunos medios reconsideren la publicación de ciertas investigaciones si no pueden garantizar la seguridad de sus fuentes.
Endurecimiento de la ley del honor y la libertad de expresión
El plan también contempla la reforma de las leyes relacionadas con el derecho al honor, la intimidad y la rectificación, con el fin de mejorar los mecanismos de rectificación de noticias falsas o tendenciosas. Además, se reformarán algunos delitos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión, en particular aquellos relacionados con ofensas a las instituciones del Estado y los sentimientos religiosos. El objetivo es asegurar que la libertad de expresión se mantenga dentro de ciertos límites que respeten la dignidad y los derechos de los demás.
El nuevo marco legal endurecerá las sanciones por injurias o ataques a instituciones del Estado y a sentimientos religiosos. Por ejemplo, medios satíricos como El Jueves o programas como El Intermedio podrían enfrentar más denuncias o procesos judiciales si publican contenidos que se consideren ofensivos hacia la monarquía, instituciones públicas o religiones. Esto limitaría en cierta medida la libertad de estos medios para tratar ciertos temas desde el humor o la sátira, obligándolos a autocensurarse en algunos casos.
Lucha contra la desinformación
En consonancia con las preocupaciones por la desinformación, el Gobierno propone aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Esta estrategia buscará frenar la proliferación de noticias falsas (fake news) y contenidos engañosos, con el objetivo de preservar la calidad y pluralidad de la información en el país.
Medios digitales que suelen generar controversia por su cobertura, como Okdiario o Libertad Digital, tendrían que ajustar sus contenidos a las nuevas regulaciones sobre desinformación. Si publican información considerada como tendenciosa o deliberadamente falsa, podrían ser obligados a rectificar de manera más rápida y efectiva, bajo un sistema que incluya indemnizaciones y plazos estrictos para corregir noticias inexactas. También se les podría aplicar multas si no cumplen con los nuevos criterios establecidos por la ley.
Apoyo a medios en lenguas cooficiales
El plan incluye medidas para apoyar a los medios que publican en lenguas cooficiales como el catalán, euskera y gallego, fomentando su sostenibilidad. También se ha anunciado un programa de 100 millones de euros destinado a promover la digitalización de los medios de comunicación en España, así como una mayor implicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la regulación de los servicios digitales.
Medios que publican en lenguas cooficiales, como Ara (en catalán), Berria (en euskera) o La Voz de Galicia (en gallego), podrían recibir mayores apoyos por parte del Gobierno para fomentar su sostenibilidad y garantizar su pluralidad. Estos medios, que en ocasiones tienen audiencias limitadas, podrían recibir subvenciones o incentivos dentro del marco del plan de digitalización de 100 millones de euros anunciado por el Gobierno.
Aunque si lo ponemos en relación con el registro de medios, aquellos que reciban estas ayudas por parte del Gobierno deberán aparecer ahí junto a la cantidad que reciben, poniendo en clara duda su fiabilidad e imparcialidad.
Digitalización y medición de audiencias
Medios digitales como El Confidencial o 20 Minutos, que dependen en gran medida de su audiencia online, se beneficiarían de los 100 millones de euros del plan de digitalización. Asimismo, la exigencia de sistemas imparciales de medición de audiencias podría afectar a empresas como Kantar Media, que se encarga de medir las audiencias de televisión, si se descubren manipulaciones o inexactitudes en la forma en que reportan los datos de audiencia, afectando la publicidad que reciben los canales de televisión.
