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Varias agencias inmobiliarias están bajo el escrutinio del Gobierno por la presunta aplicación de comisiones ilegales en el alquiler de viviendas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación tras identificar prácticas abusivas, como el cobro indebido por la gestión de arrendamientos, la imposición de contratos temporales sin base legal, y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
Consumo detecta prácticas extendidas en todo el país
La Dirección General de Consumo, responsable de impulsar esta investigación, ha recibido múltiples denuncias del sector inmobiliario, confirmando la existencia de estas prácticas en empresas que operan a nivel nacional. Aunque no se han revelado nombres ni el número de agencias implicadas, fuentes cercanas al caso señalan que algunas infracciones podrían ser graves, lo que conllevaría multas de hasta 100.000 euros. Otras podrían ser clasificadas como muy graves, lo que elevaría las sanciones hasta un millón de euros.
Cobros ilegales y comisiones prohibidas
Uno de los principales motivos de denuncia es que ciertas agencias están trasladando ilegalmente los costes de gestión de los contratos a los inquilinos, en clara violación de la Ley del Derecho a la Vivienda. Esta normativa prohíbe de forma expresa que los inquilinos paguen comisiones por estos servicios. En febrero, la Dirección General de Consumo notificó a varias agencias inmobiliarias que no podían aplicar este tipo de cargos, tras descubrir que algunas cobraban a los arrendatarios una comisión equivalente a un mes de alquiler, más el 21% de IVA.
Abusos que circulan en redes sociales
En redes sociales también han circulado denuncias sobre otras prácticas abusivas, como el cobro por visitar un piso en alquiler, algo que muchos aceptan dada la alta demanda y escasa oferta de viviendas. Consumo también ha detectado el uso indebido de contratos temporales sin justificación legal, lo que contraviene la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege a los inquilinos garantizando contratos de larga duración, salvo en situaciones justificadas.
Sanciones por cláusulas abusivas y alquileres turísticos
El Ministerio ha subrayado que la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, así como otras prácticas contrarias a la LAU y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, está penada con sanciones considerables. Las infracciones graves pueden ser multadas con hasta 100.000 euros, mientras que las muy graves pueden superar el millón de euros. Entre las prácticas sancionables está la exigencia de varias mensualidades por adelantado, cuando la ley solo permite solicitar un mes de renta en garantía.
En el ámbito de los alquileres turísticos, el Ministerio ha iniciado una investigación paralela contra plataformas que publicitan viviendas sin licencia. El Gobierno ha presentado un real decreto para agilizar la regulación de este mercado, creando un registro único de viviendas de alquiler turístico, que será obligatorio para todas las propiedades. Este registro, llamado Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, será implementado en 2025, con el fin de frenar el alquiler ilegal y apoyar a las administraciones locales en su control.
