Imagen: Europa Press
Las bonificaciones al transporte público, implementadas por el Gobierno en septiembre de 2022 para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios, se encuentran en sus últimos meses. Tras ser prorrogadas en varias ocasiones, la última hasta el 31 de diciembre de este año, el Ministerio de Transportes está considerando eliminar estas ayudas de forma generalizada a partir del próximo año.
Reuniones sobre el futuro de las ayudas
El pasado viernes, representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España se reunieron con Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible, y Pablo Pérez de Villar, jefe del gabinete técnico del Ministerio. Durante el encuentro, la organización expresó su preocupación por el posible fin de las bonificaciones y solicitó su mantenimiento.
Ante la inquietud manifestada, el Ministerio de Transportes reafirmó su compromiso de mantener la inversión en el transporte público, asegurando que debe ser socialmente accesible y gestionado de manera eficaz y flexible. Para ello, se están realizando esfuerzos conjuntos con Renfe para desarrollar un «nuevo modelo de gestión tarifaria». Actualmente, las bonificaciones incluyen un 100% en abonos de Cercanías y Media Distancia, y un 50% en abonos de Avant.
Un esfuerzo financiero considerable
Las ayudas al transporte público representan un gran esfuerzo para las finanzas públicas. En el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea en octubre de 2023, el Gobierno incluyó una partida de 1.440 millones de euros destinada a la subvención del transporte público, que abarca la gratuidad de trenes y autobuses, así como las ayudas a las comunidades autónomas para descuentos en transporte de su competencia.
Distribución de los recursos
Dentro de este presupuesto, el gasto para servicios de Cercanías y Media Distancia asciende a 600 millones de euros. Además, se han asignado 760 millones de euros en ayudas directas a comunidades autónomas y ayuntamientos para la reducción de tarifas en el transporte autonómico o local, con una contribución del Estado del 30% y al menos un 20% por parte de estas entidades. Asimismo, los subsidios para autobuses estatales de largo recorrido cuentan con una partida de 80 millones de euros.
