Imagen: Operación policial para detener al empresario-Subdelegación de Gobierno
La Policía Nacional ha detenido a un empresario agrícola por explotar presuntamente a extranjeros en situación irregular en el campo en Valladolid. Así, el empresario estaría aprovechándose de su situación de irregularidad para obtener beneficio económico.
El inicio de la investigación, bautizada como Operación Baco, se remonta al pasado mes de noviembre, cuando la Policía Nacional recibió informaciones que alertaban sobre estos hechos, así como una denuncia presentada por una de las víctimas contra este empresario, dedicado presuntamente a la explotación de fincas agrícolas para terceros, proporcionando mano de obra para las labores agrarias.
Tras las correspondientes pesquisas, la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, confirmó la existencia de al menos cinco trabajadores en situación irregular que habrían sido explotados laboralmente por este empresario.
Estaban en condiciones de semiesclavitud
Los inmigrantes llegaban a realizar jornadas de más de diez horas al día de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres. Los afectados eran obligados a trabajar incluso estando enfermos, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, y trabajando por un salario de 7 euros la hora que llevaban meses sin percibir.
Así, este empresario agrícola tenía bajo su mando a inmigrantes en situación administrativa irregular, a quienes engañaba al prometerles un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera regularizar su situación en España y que, por supuesto, nunca llegaba a formalizar, a pesar de que estos trabajadores llevaban varios años prestando sus servicios para el detenido. El empresario también les proporcionaba alojamiento y transporte al campo, debiendo entregar diferentes sumas de dinero como contraprestación.
Les descontaba 200 euros mensuales por persona por darles alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos, sin agua caliente ni calefacción, y completamente hacinados, pues llegaban a compartir alojamiento hasta 15 individuos a la vez en temporada alta. Asimismo, les descontaba 2,50 euros diarios por persona en concepto de transporte.
A pesar de tratarse de un salario mísero y de que al no tenerles dados de alta en la Seguridad Social no tenía que pagar cotizaciones, el empresario no abonaba a los jornaleros lo prometido y llevaban meses sin cobrar, justificando el impago en los gastos que supuestamente estaba asumiendo por la gestión del inexistente contrato laboral que el empresario les prometió y que les permitiría regularizar su situación en España.
El empresario tenía antecedentes por hechos similares
Según ha adelantado Europa Press, el empresario ya fue detenido en 2023 en el marco de una inspección de trabajo llevada a cabo en la localidad vallisoletana de La Seca. En aquel momento, actuaba como administrador de otra sociedad dedicada a la misma labor, y fue detenido por tener a sus trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social.
Pese a contar con dichos antecedentes, el empresario ya ha sido puesto en libertad con cargos, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.
