El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a varios altos cargos del Ministerio de Transportes en el «caso Koldo», relacionado con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Entre los imputados están Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes, y Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de Adif, quienes deberán comparecer el 9 y 11 de septiembre, respectivamente. Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, también ha sido citado para el 10 de septiembre.
La investigación del caso Koldo se reactivó después de que el Tribunal Supremo confirmara la competencia de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea para llevar adelante la causa. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación de estos altos cargos basándose en un informe de la Guardia Civil que señalaba su presunta participación en la trama. Según el informe, estos funcionarios habrían presionado a los responsables de adjudicar contratos de mascarillas, impidiendo cualquier oposición a la adjudicación final a la empresa Soluciones de Gestión.
El consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha sido citado como testigo para el 12 de septiembre. La Agencia Tributaria había relacionado el «rescate» de Air Europa con las actividades empresariales de Víctor de Aldama, también investigado, quien ofreció al Ministerio de Transportes la compra de mascarillas. Además de Hidalgo, el juez ha citado a nueve testigos adicionales, incluidos varios cargos del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y Adif, quienes desempeñaron roles clave en la adjudicación de los contratos investigados.
El informe de la Guardia Civil sugiere que la conducta de los imputados podría constituir un delito de tráfico de influencias. En particular, menciona correos en los que Jesús Manuel Gómez parece actuar como intermediario entre la esfera cercana del ministro y los entes adjudicadores. La Fiscalía interpreta que los tres imputados ejercieron «ciertas presiones» sobre los responsables de adjudicar los contratos de mascarillas, «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión.
