Target Point ha realizado un estudio para el periódico El Debate que ha demostrado que el problema de la okupación es una de las principales preocupaciones de los españoles. Este fenómeno ha aumentado un 7,4% en 2024.
Según señala este estudio, un 86% de los encuestados considera necesario aprobar una ley antiokupas que proteja tanto a los propietarios como a sus viviendas. Entre ellos, el 73% sostiene que esta medida es “imprescindible y urgente” en todos los casos. La encuesta también ha evidenciado un amplio consenso en la opinión pública, abarcando tanto a votantes de la derecha como de la izquierda. Lo más llamativo es que una mayoría de votantes del PSOE, e incluso de Sumar, apoya la creación de legislación para salvaguardar los derechos de los propietarios.
En concreto, el 61% de los votantes del PSOE considera que esta legislación es esencial, mientras que sólo un 16% cree que debería aplicarse de forma específica a casos particulares.
En este sentido, si nada cambia, en abril entrará en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los desahucios en caso de okupación, al permitir que la usurpación de vivienda se tramite como juicio rápido. No obstante, desde Eh Bildu, ERC y Podemos están presionando al Gobierno de Pedro Sánchez a corregir el error cuanto antes tras votar a favor por equivocación.
Políticos de izquierdas blanquean el delito de la okupación y los okupas
La okupación a día de hoy es un problema que afecta a 80.000 personas que no pueden recuperar sus casas.
Políticos de izquierdas niegan que la okupación sea un problema real. La última en realizar declaraciones en este sentido ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha acusado a las víctimas de okupación e inquiokupación de crear “alarma social” con unos “fines partidistas”.
Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, subió un vídeo a sus redes sociales para difundir que los okupas no existen. A quienes se les considera aplicable este concepto es a los extranjeros que compran inmuebles y viviendas para lucrarse posteriormente.
Esta cuestión ha provocado la ira de los afectados por la okupación, quienes consideran que con estas declaraciones se está intentando blanquear a los okupas y, sobre todo, intentar borrar un problema que a día de hoy afecta a más de 80.000 personas en toda España.
