El plan de Pedro Sánchez para limpiar el historial penal de Carles Puigdemont mediante una ley de amnistía hecha a medida se tambalea. Aunque el Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional, controlado por una mayoría afín al PSOE, valide la polémica norma antes del verano, esa decisión no garantiza en absoluto que el expresidente fugado quede libre de responsabilidad penal.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene imputado a Puigdemont por malversación agravada, un delito grave, tipificado y vigente, que ni siquiera el Constitucional puede anular o reinterpretar. La ley de Sánchez puede ser legalizada por los suyos, pero no borra los hechos delictivos, ni anula la función del Poder Judicial, al que el presidente intenta someter desde hace meses.
La justicia frena el intento de impunidad pactado con los separatistas
Pese a las presiones del Ejecutivo y las promesas a sus socios de Junts, la causa judicial contra el líder del 1-O sigue su curso. La decisión de Llarena se apoya en hechos probados y en una doctrina clara: la malversación agravada no puede amnistiarse, ya que afecta directamente a fondos públicos y al interés general del Estado.
De hecho, el Tribunal Constitucional carece de competencia para revisar la imputación. No puede corregir ni reinterpretar los delitos fijados por el Supremo, como tampoco puede modificar las penas o cerrar la causa penal abierta. Si Puigdemont regresa, podría ser procesado, juzgado y condenado, independientemente del aval político que Sánchez haya negociado con sus socios separatistas.
Europa puede frenar la trampa legal del Gobierno
El escenario judicial se complica aún más por la vía europea. Tal como ocurrió con la Audiencia de Sevilla y el TSJ de Madrid, el caso de Puigdemont podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si se plantea una cuestión prejudicial. Esto suspendería automáticamente la aplicación de la amnistía, retrasando indefinidamente sus efectos.
Mientras Sánchez vende “normalidad” y promueve la reconciliación, lo cierto es que ni Bruselas ni los tribunales españoles validan su intento de perdonar a quien atentó contra el orden constitucional. El expresidente catalán sigue siendo un prófugo, y su situación no cambiará por decreto ni por favores parlamentarios.
La maniobra de Sánchez ha contado con un aliado clave: el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado durante gobiernos socialistas y figura de confianza del Ejecutivo. El tribunal tiene mayoría progresista, alineada ideológicamente con el PSOE, y trabaja con plazos marcados por Moncloa para resolver el recurso del PP antes del verano.
Sin embargo, incluso dentro del Constitucional hay reticencias a avalar sin reservas una ley tan descaradamente partidista, diseñada para beneficiar a un solo hombre a cambio de siete votos en el Congreso. Conde-Pumpido no quiere pasar a la historia como el magistrado que legalizó la impunidad de Puigdemont, y ha maniobrado para que su voto no sea decisivo.
Pese a las fotos, los gestos y las promesas, Puigdemont no tiene garantizado el regreso triunfal que Sánchez y Junts desean escenificar. Su intento de investirlo como president de nuevo tropieza con la realidad judicial: los delitos cometidos en 2017 no desaparecen por voluntad política.
