El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compuesto por diez vocales, ha presentado una propuesta al Pleno del órgano de gobierno de los jueces para que se emita una declaración en defensa de la independencia judicial frente a lo que consideran «ataques» por parte de miembros del Poder Ejecutivo. Los magistrados en cuestión han destacado que desde la constitución de este CGPJ, el pasado 25 de julio de 2024, han observado declaraciones públicas de miembros del Gobierno que, a su juicio, exceden el ámbito legítimo de la libertad de expresión y las críticas razonables y moderadas hacia las decisiones judiciales.
En su escrito, los vocales conservadores han señalado que algunas declaraciones recientes del Ejecutivo representan una extralimitación en sus funciones y ponen en peligro la separación de poderes, un principio fundamental del Estado de derecho. Entre las declaraciones que mencionan, se encuentra una intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, en RTVE. En dicha intervención, Puente afirmó que el Tribunal Supremo se estaba extralimitando al interpretar una ley y sugirió que las decisiones del tribunal estaban retrasando la implementación de dicha ley. Este tipo de comentarios, según los vocales del CGPJ, son «manifestaciones fuera de los límites» que exige el respeto mutuo entre los poderes del Estado.
Los diez vocales que firman esta propuesta –José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal– han solicitado al Pleno que se declare un «rechazo firme» a estas manifestaciones y que se haga un llamamiento a la contención y prudencia en la crítica hacia las resoluciones judiciales y, en general, hacia el Poder Judicial. En su opinión, estas declaraciones del Gobierno no solo socavan la autoridad del Tribunal Supremo, sino que también generan una percepción pública negativa sobre la imparcialidad e independencia de los jueces.
A pesar de la solicitud de los vocales conservadores, fuentes cercanas al CGPJ han señalado que este punto no fue incluido en el orden del día del Pleno celebrado este lunes 19 de agosto. En cambio, el Pleno se centró en aprobar 112 acuerdos relacionados con asuntos considerados urgentes e inaplazables, que no podían esperar la designación del nuevo presidente del órgano judicial.
La situación refleja la tensión existente entre el Poder Judicial y el Gobierno, en un contexto donde las decisiones judiciales sobre temas políticamente sensibles están bajo constante escrutinio. El hecho de que las críticas del Gobierno hacia el Poder Judicial hayan llegado a un punto donde se solicita su censura pone de manifiesto la delicada relación entre ambos poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el respeto mutuo y la colaboración necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas en España.
Este episodio se suma a otros recientes en los que la independencia judicial ha sido objeto de debate, subrayando la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre los diferentes poderes del Estado para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.
