La reforma promovida por el PSOE para limitar la acción popular en las causas judiciales, vinculada al llamado «caso Begoña Gómez», ha llegado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El próximo Pleno del organismo, previsto para el 29 de enero, incluirá en su orden del día el debate sobre cómo abordar esta reforma legal que ha suscitado el rechazo de las asociaciones judiciales y que afecta a múltiples ámbitos del derecho procesal y la organización judicial.
Aunque la ley no exige un informe preceptivo del Consejo al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto del Gobierno, consideran fundamental expresar su criterio debido a la profundidad de los cambios propuestos. La reforma limita la acción popular, permitiendo que las causas sean archivadas si no hay acusación particular y la Fiscalía no acusa. Además, introduce la posibilidad de recusar magistrados por sus opiniones políticas, siempre que la formación afectada sea parte del procedimiento.
En el Pleno anterior, el bloque conservador intentó incluir un comunicado en el que se exigiera al Congreso escuchar al CGPJ durante la tramitación de esta reforma. Sin embargo, la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, logró aplazar el debate para garantizar un enfoque más estructurado. Al menos diez vocales conservadores y la presidenta están dispuestos a dar un paso al frente en defensa de la independencia judicial y de una evaluación jurídica exhaustiva.
Por otro lado, los vocales de sensibilidad progresista mantienen reservas respecto a la necesidad de esta intervención. Alegan que el Consejo ya dispone de mecanismos para expresar su posición, como solicitar al Congreso o al Senado que recaben su opinión durante la tramitación parlamentaria, tal como ocurrió recientemente con la Ley de Amnistía.
El debate tiene lugar en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. La investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, ha intensificado los ataques cruzados. Desde Moncloa se ha acusado a Hurtado de actuar sin pruebas, mientras que en el CGPJ se denuncia un «profundo malestar» ante lo que perciben como una deslegitimación de la independencia judicial.
Fuentes judiciales señalan que estas confrontaciones reiteradas están debilitando la confianza ciudadana en la imparcialidad de los jueces. En respuesta, algunos vocales de ambos bloques han mantenido contactos para consensuar una estrategia que defienda la independencia judicial sin exacerbar la polarización. Sin embargo, persisten dudas sobre si el CGPJ podrá tomar una postura unificada. Desde el bloque conservador se ha expresado escepticismo, advirtiendo que «la sombra de Bolaños es alargada».
Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha reiterado su compromiso con la independencia judicial. En diciembre, respondió a declaraciones de Pedro Sánchez que insinuaban connivencia entre el PP y los jueces. Perelló subrayó que la independencia judicial garantiza la separación de poderes y pidió que se deje trabajar a los jueces sin presiones externas.
