A finales de julio, la Sala Penal del Tribunal Supremo presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, solicitando al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre la legalidad de dicha medida. Este procedimiento otorga voz al Congreso, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía, según establece la Ley del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Cámara Baja ha optado por no personarse ni presentar alegaciones para defender la Ley, mientras que el Senado sí ha entregado un extenso escrito señalando las vulneraciones constitucionales de la norma.
El Congreso se mantiene al margen
Fuentes del Congreso revelan que la decisión de no defender la Ley de Amnistía responde a una postura habitual en casos donde no se cuestiona el procedimiento parlamentario. Según los letrados del Congreso, el Tribunal Supremo no ha planteado objeciones sobre el proceso legislativo, razón por la cual la Cámara Baja se ha limitado a ofrecer colaboración técnica y no ha presentado alegaciones.
El Senado sí defiende su postura
En contraste, el Senado ha presentado un detallado informe de 22 páginas en el que se recogen las posibles vulneraciones durante la tramitación de la Ley en el Congreso. Los letrados del Senado argumentan que la Ley fue aprobada en condiciones que podrían no ajustarse a las normas parlamentarias. Cabe recordar que, en una primera instancia, el Pleno del Congreso rechazó la ley, pero la Mesa, controlada por el PSOE y Sumar, decidió devolver el texto a la Comisión de Justicia para continuar su tramitación, un proceso que los críticos consideran irregular.
El Supremo cuestiona principios constitucionales
El Tribunal Supremo, en un duro escrito, considera que la Ley de Amnistía vulnera principios clave como la «igualdad ante la ley» y la «seguridad jurídica». La Sala Penal sostiene que no se trata de una simple duda sobre la legalidad de la norma, sino de una «convicción absoluta» de que la Ley contraviene la Constitución. Este pronunciamiento surge en el contexto de un recurso presentado por un condenado por desórdenes públicos durante los disturbios en Girona en 2019, aunque el Tribunal reconoce que su opinión no es vinculante, dejando la última palabra al Tribunal Constitucional.
Si bien el Tribunal Constitucional tiene la facultad de pronunciarse sobre la Ley, el Tribunal Supremo ha advertido que, en caso de un fallo contrario a sus expectativas, podría plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto podría suspender temporalmente la aplicación de la amnistía y darle preferencia sobre la decisión del Tribunal Constitucional.
Plazo para resolver la cuestión de inconstitucionalidad
El plazo para que los órganos constitucionales presentaran alegaciones finalizó recientemente. Ahora, el Tribunal Constitucional cuenta con 15 días, o hasta 30 si lo considera necesario, para dictar sentencia sobre la Ley de Amnistía. Este será el primer pronunciamiento oficial del Tribunal sobre una ley que ha generado gran controversia, nacida de la necesidad de Pedro Sánchez de garantizar los votos de Junts para su investidura.
