El Gobierno ha anunciado la concesión directa de 3,6 millones de euros a varias entidades para promover la igualdad de género, la inclusión social y los derechos LGTBI+. A través de dos reales decretos, se destinan grandes sumas de dinero público a la financiación de proyectos que, aunque suenan bien en los papeles, no son más que un ejercicio de marketing político. La pregunta es: ¿realmente estamos viendo una inversión efectiva, o estamos ante una nueva muestra de despilfarro público sin resultados concretos?
La concesión directa de fondos
Uno de los puntos más problemáticos de estas subvenciones es el método de concesión directa. Al no abrir un proceso competitivo, el Gobierno elimina cualquier tipo de control o supervisión sobre quién recibe los fondos y por qué. Las entidades beneficiarias, que incluyen algunas de las organizaciones más conocidas del ámbito social y político, pueden tener buenas intenciones, pero ¿están realmente preparadas para implementar proyectos que cambien la vida de las personas de manera sustancial? ¿O simplemente se benefician de un sistema que las premia por su proximidad al poder?
La falta de transparencia y competencia en la distribución de estos recursos crea un caldo de cultivo perfecto para el clientelismo político. La idea de que organizaciones con vínculos políticos se beneficien de fondos públicos sin ninguna clase de evaluación o supervisión real es, como mínimo, preocupante. Este tipo de políticas parece más orientado a garantizar lealtades y votos que a resolver de manera efectiva los problemas sociales para los que se destinan estos recursos.
Subvenciones a la igualdad de género
El Gobierno ha asignado 2.955.000 euros a 27 entidades para promover la igualdad entre mujeres y hombres. A primera vista, esta parece ser una inversión necesaria para combatir la violencia de género y fomentar la inclusión social de las mujeres. Sin embargo, cuando se examina más de cerca, surgen muchas dudas sobre la efectividad de este gasto.
Las subvenciones se destinan a proyectos para promover el empresariado femenino, mejorar la conciliación laboral y familiar y proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero lo cierto es que, más allá de los discursos y las buenas intenciones, las políticas públicas en este ámbito suelen quedarse en palabras vacías. La cantidad de dinero asignada a estas iniciativas podría ser vista como una mera respuesta simbólica que no aborda las causas profundas de la desigualdad, como la discriminación estructural o las políticas laborales que perpetúan las desigualdades entre géneros.
Además, el hecho de que las mismas entidades reciban fondos una y otra vez plantea la pregunta de si estas organizaciones están utilizando el dinero de manera eficiente. No hay evidencias claras de que estos fondos hayan tenido un impacto significativo en el cambio social, y es difícil creer que con esta asignación se vaya a resolver un problema.
El segundo real decreto destina 615.000 euros a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación hacia las personas LGTBI+. Si bien esta es una causa importante, la cifra parece más un gesto simbólico que una verdadera inversión para erradicar la discriminación y la violencia hacia este colectivo. La lucha contra la transfobia, la homofobia y la exclusión social necesita más que unas pocas migajas. En lugar de destinar fondos insuficientes a un grupo limitado de organizaciones, sería mucho más efectivo implementar políticas de Estado que trabajen de manera transversal en la educación, la sensibilización social y la aplicación de la ley.
Destinar una cantidad tan pequeña a las entidades LGTBI+ es una clara muestra de que el Gobierno no se toma en serio la protección de este colectivo. Si de verdad se quiere hacer frente a la discriminación que enfrentan las personas LGTBI+, se necesita mucho más que un par de proyectos financiados. Se requiere una reforma integral de las políticas públicas, un compromiso real con la educación inclusiva y un aumento significativo de los recursos destinados a la atención a las víctimas de violencia y discriminación.
La ineficiencia del gasto público
Lo que resulta evidente es que estos 3,6 millones de euros se gastan sin ningún tipo de evaluación o garantía de que se logren resultados tangibles. El dinero no está siendo invertido de manera estratégica ni enfocada en generar un cambio real. Las subvenciones parecen más una medida para aplacar las demandas sociales y aparentar un compromiso con la igualdad, pero no están diseñadas para abordar los problemas estructurales de fondo.
En lugar de repartir estos recursos de forma arbitraria, el Gobierno debería centrarse en una reforma más profunda de las políticas públicas. Es necesario invertir en educación, en la creación de empleo de calidad y en el fortalecimiento de los servicios públicos que realmente atienden a las personas más vulnerables. El despilfarro en subvenciones a entidades que no están demostrando resultados tangibles solo contribuye a una mayor desconfianza en las instituciones y a un desapego de la ciudadanía hacia las políticas públicas.
