El Gobierno enfrenta serias críticas por ocultar durante casi un año información económica clave relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente . La información, obtenida en exclusiva por El Diario, revela que este informe solicitado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) apunta a aclarar los ingresos y actividades económicas de Gómez, un tema sensible tanto para la ciudadanía como para el Consejo de Europa.
Desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando en su 95.ª reunión en Estrasburgo el GRECO insistió en la necesidad de recibir detalles sobre los ingresos de los cónyuges de altos funcionarios, el Ejecutivo ha mantenido en reserva su respuesta. En febrero, incluso, ante una pregunta en el Senado, se comprometió a publicar esta información «próximamente»; sin embargo, tal como ha podido confirmar El Diario, los detalles siguen sin ver la luz.
Este secreto se vuelve más inquietante con la reciente imputación de Begoña Gómez por los presuntos delitos de intrusismo laboral y apropiación indebida de un software financiado por la Universidad Complutense. La acusación sostiene que Gómez intentó, supuestamente, utilizar dicho software desde una empresa privada de su propiedad, una situación que ha suscitado fuertes cuestionamientos éticos sobre el posible aprovechamiento de recursos públicos en beneficio privado, según la documentación revisada y publicada por El Diario.
La investigación exclusiva de El Diario revela cómo varios actores se asociaron y patrocinaron la cátedra de Gómez, lo que luego les permitió recibir adjudicaciones y rescates gubernamentales. Sin embargo, la gran incógnita gira en torno a los beneficios económicos que Gómez pudo haber obtenido en este marco. Más allá de los honorarios recibidos por impartir clases de máster, el Gobierno se ha negado a compartir documentación adicional que revele si Gómez percibió ingresos adicionales de empresas receptoras de contratos públicos.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través de la resolución 2024-1209 emitida el pasado 28 de octubre, ha instado al Gobierno a presentar estos documentos y esclarecer el cumplimiento de las recomendaciones del GRECO. El Diario ha solicitado en reiteradas ocasiones una copia de esta información adicional presentada al Consejo de Europa, con el objetivo de determinar si el Gobierno realmente pretende implementar las medidas de transparencia necesarias en las actividades económicas de la esposa del presidente.
Incumplimiento sistemático
El informe anual del GRECO, publicado en mayo, detalla las recomendaciones pendientes para mejorar la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en las altas esferas del Gobierno y cuerpos de seguridad. Entre estas, se incluye una recomendación clara , ampliar la publicación de información financiera de los altos funcionarios para incluir datos sobre sus cónyuges, tal como solicitó el propio organismo en 2019. Sin embargo, el Gobierno español rechazó esta iniciativa en septiembre de 2021, argumentando cuestiones de protección de datos. Esta justificación, que El Diario ha podido corroborar en los documentos oficiales, podría ser un recurso para evitar una transparencia total en este tema delicado.
En una sesión reciente, el GRECO remarcó la importancia de que España cumpla con las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de abordar prácticas de transparencia en la gestión pública. El Consejo de Europa señala a España y Malta como los países con mayores incumplimientos en la implementación de las medidas necesarias para prevenir la corrupción en las altas esferas.
Por otro lado, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, ha mantenido una postura de absoluto silencio sobre este tema. La falta de respuesta del ministro Bolaños ha sido criticada por el Consejo de Transparencia, que advierte que la negativa del Ejecutivo «dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada» a esta entidad, que vela por el derecho fundamental a la información.
El GRECO insiste en que la inclusión de los cónyuges de altos cargos en los sistemas de control de corrupción es fundamental para evitar que actúen como «testaferros» de intereses económicos de los propios funcionarios.
