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Correos inicia este viernes un proceso de negociación con los sindicatos para definir un acuerdo laboral que debe cerrarse antes de fin de año. Este pacto incluirá un plan de prejubilaciones, la reorganización interna de la plantilla y un programa de incentivos ligado a la reestructuración. Según fuentes no oficiales, el Ministerio de Hacienda ha condicionado la liberación de fondos presupuestarios a la concreción de este acuerdo, considerado clave para financiar el ambicioso plan de rescate diseñado por la dirección de Pedro Saura.
El objetivo del equipo de Saura es equilibrar las cuentas para 2026 e incrementar un 26% los ingresos de la compañía hacia 2028. Para ello, el plan contempla una inyección de 400 millones de euros anuales desde los Presupuestos Generales del Estado durante los próximos cuatro años, en compensación por los servicios de interés general que presta el operador postal en todo el territorio nacional.
Prejubilaciones: el mayor desafío
El principal punto de conflicto en las negociaciones es el plan de prejubilaciones y salidas incentivadas, cuyo diseño es crucial para avanzar en el acuerdo con los sindicatos. Este tipo de medidas ya generaron tensiones en 2018, cuando Hacienda rechazó un plan similar al considerar que Correos no disponía de recursos para financiarlo. Ahora, la dirección de la empresa asegura que las prejubilaciones serán cubiertas con recursos propios previstos en el Plan Operativo Anual de Correos, una de las exigencias del Ministerio de Hacienda.
Los sindicatos han evitado especular sobre el coste y el alcance del plan, conscientes de que el Gobierno ha mantenido una postura firme en contra de las prejubilaciones en sectores privados como la banca. Mientras tanto, la empresa busca garantías de flexibilidad laboral, incluyendo la generalización de turnos de tarde y reparto los sábados, medidas que considera esenciales para competir en el mercado de paquetería.
Transformación y nuevas prioridades estratégicas
El futuro de la compañía se centrará en siete áreas clave, según el planteamiento de Pedro Saura presentado a los sindicatos. Estas incluyen un plan comercial, un programa de transformación digital, mejoras en ciberseguridad, eficiencia operativa, servicios a la red e inmuebles, sostenibilidad y una revisión de la marca corporativa.
La nueva estrategia abandona los polémicos proyectos impulsados por la anterior gestión, como el fallido Correos Cargo, la asociación con Renfe para transporte ferroviario de mercancías y una red de hubs logísticos que supuso pérdidas millonarias. Estas iniciativas dejaron un déficit de más de 1.200 millones de euros en las cuentas de la compañía, un lastre que el actual equipo directivo busca superar con un enfoque más pragmático.
Apuesta por los servicios en el ámbito rural
Por otro lado, también planea ampliar su cartera de servicios bajo la denominación SIEG, una iniciativa destinada a facilitar trámites administrativos en zonas rurales a través de sus oficinas postales. Esta nueva línea de negocio complementará las funciones tradicionales de reparto postal, garantizando la viabilidad del operador como servicio público y potenciando su rol en territorios menos rentables económicamente.
