La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha advertido este jueves que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda, como Madrid, se quedarán sin financiación estatal para sus políticas de vivienda. Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Rodríguez explicó que el Gobierno ya está trabajando en el Plan Estatal de Vivienda, señalando que las CCAA reciben entre un 70% y un 75% de los fondos para estas políticas por parte del Estado. “Quiero seguir apoyando económicamente, pero si no cumplen la ley, condicionaré esa financiación al respeto de la normativa”, aseveró.
Rodríguez recordó que la Comunidad de Madrid ha recibido 2.000 millones de euros desde 2018 para programas de vivienda. Sin embargo, lamentó que esos fondos no se estén utilizando de manera efectiva y advirtió que, a partir de ahora, deberán alinearse con el cumplimiento de la Ley de Vivienda. “Se trata de ejecutar bien esos recursos, no de desafiar al Gobierno”, enfatizó.
En un mensaje directo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Rodríguez afirmó que la situación de la vivienda “no es una pelea con Pedro Sánchez”, y criticó que miles de madrileños, incluidos empleados públicos, se vean obligados a compartir piso debido a la «insumisión» de la comunidad a la Ley de Vivienda. “Esto es insostenible socialmente, señora Ayuso”, añadió, comprometiéndose a ayudar con más fondos, siempre y cuando se cumpla con la normativa.
La ministra también recordó que, históricamente, los planes estatales de vivienda han sido un soporte clave para las autonomías. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva ley y el aval del Tribunal Constitucional, el Estado ahora tiene la capacidad de garantizar el acceso igualitario a la vivienda en todo el país. Rodríguez afirmó que «donde haya tensiones por incumplimientos de la ley, habrá consecuencias».
En contraste, Rodríguez elogió a Cataluña por haber puesto en marcha la Ley de Vivienda en su territorio para contener los precios del alquiler. Aunque la normativa aún está en fase de prueba, la ministra expresó optimismo sobre sus efectos a largo plazo. “Con estabilidad y determinación, la ley ofrecerá soluciones, pero necesitamos el compromiso de las administraciones públicas para su plena implementación”, señaló.
Por otro lado, la ministra subrayó la importancia de que las comunidades autónomas garanticen la permanencia del suelo público para fines sociales, tal como lo establece la Ley de Vivienda. “Hay que asegurar que el suelo público siempre cumpla un propósito social y no termine en manos de especuladores o fondos buitre, como ha ocurrido en Madrid”, advirtió, añadiendo que el PSOE presentará iniciativas en los parlamentos autonómicos para evitar que se repitan esos casos.