En medio del creciente debate sobre la gestión migratoria y tras un aumento récord de llegadas a las Islas Canarias, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida presupuestaria de 35 millones de euros destinada a la atención de menores migrantes no acompañados. Esta decisión busca reforzar las estructuras de acogida y facilitar la reubicación de estos menores en distintas comunidades autónomas de la península.
La distribución de estos fondos no es una novedad, ya que su reparto fue acordado previamente durante la última Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife en julio. En dicha reunión, el Gobierno y las autonomías consensuaron la distribución de casi 400 niños que actualmente están bajo la protección de los servicios sociales de Canarias y Ceuta. No obstante, aún queda pendiente la reubicación de más de 3.000 menores desde las islas Canarias y más de 300 desde Ceuta, según las estimaciones proporcionadas por las autoridades de ambas regiones.
Del total aprobado, 15 millones de euros se asignarán específicamente a los territorios de primera llegada, Canarias, Ceuta y Melilla, con el objetivo de fortalecer y ampliar sus infraestructuras de acogida ante el incremento constante de menores migrantes. Los 20 millones restantes se destinarán a facilitar la reubicación de los casi 400 menores mencionados hacia diferentes comunidades autónomas de la península, buscando garantizar una atención más equilibrada y eficaz en todo el territorio nacional.
El Gobierno repartirá 400 menores inmigrantes por diferentes puntos de España
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado la importancia de esta financiación a través de sus redes sociales, afirmando que con estos recursos «garantizaremos la atención integral para la infancia y adolescencia más vulnerable». Rego ha subrayado el compromiso del Gobierno con la protección y el bienestar de estos menores, considerando este paso como fundamental para abordar de manera adecuada y humana la situación migratoria actual.
A pesar de la aprobación de esta partida, diversas voces han señalado que la cantidad asignada resulta insuficiente ante la magnitud del desafío. El gobierno autonómico de Canarias ha indicado que la comunidad autónoma ha invertido ya más de 150 millones de euros en políticas migratorias, una responsabilidad que consideran excede sus competencias.
