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El Ministerio de Educación está preparando el inicio de conversaciones con las asociaciones de colegios concertados para revisar los fondos públicos que estos centros reciben. Este diálogo tiene como objetivo cumplir con una de las previsiones de la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020, que estipula la necesidad de revisar la financiación de la enseñanza concertada. Según el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, el primer paso será determinar objetivamente «el coste real del servicio educativo» prestado por estos centros. A partir de este análisis, se ajustarán las partidas económicas que el Estado destina a ellos. Ambas partes anticipan que esta revisión implicará un aumento en los recursos.
Un compromiso con la transparencia
Mientras negocia la actualización de la financiación, el Ministerio de Educación busca también asegurar un mayor compromiso de los colegios concertados en cuanto a la transparencia en los procesos de admisión y en la eliminación de las cuotas obligatorias que muchas familias deben pagar. La intención es garantizar la gratuidad de estos centros, tal como exige la ley.
Este ajuste en la financiación de la enseñanza concertada es un tema delicado, ya que una parte significativa de los defensores de la escuela pública, muchos de ellos cercanos al gobierno, se oponen a que se destinen más fondos a la educación privada concertada. Estos sectores consideran que el modelo concertado debería reducirse, por lo que un aumento en su financiación podría generar rechazo. Además, un informe de EsadeEcPol estimó que los colegios concertados obtienen alrededor de 1.000 millones de euros al año en cuotas no reguladas, lo que agrava la controversia.
Brecha socioeconómica en la educación
La diferencia socioeconómica entre los alumnos de colegios públicos y concertados es un problema importante en España, país que lidera este tipo de desigualdad en el mundo desarrollado, según un informe de Save the Children publicado en septiembre. Los centros concertados, que educan al 29% del alumnado, son acusados de utilizar cuotas y procesos de admisión selectivos para segregar a los estudiantes. Esta situación ha llevado al Ministerio de Educación a analizar de manera más exhaustiva estos mecanismos.
La Lomloe y el reparto de fondos
La ley educativa Lomloe, en su disposición adicional 29, establece que se debe crear una comisión para estudiar el coste real de la enseñanza concertada y ajustar los módulos de financiación que reciben estos centros. Actualmente, los fondos públicos cubren el sueldo de los docentes, los complementos salariales, y los gastos de funcionamiento, pero muchos centros reclaman que estos recursos son insuficientes para ofrecer un servicio de calidad.
Críticas a la infrafinanciación y su impacto
Tanto Esade como Save the Children coinciden en que la enseñanza concertada está infrafinanciada, aunque con matices. Según los informes, el 38% de los colegios concertados no recibe suficientes fondos para cubrir el coste real de la enseñanza, pero un porcentaje significativo de centros está sobrefinanciado y continúa cobrando cuotas ilegales a las familias. Esta práctica, que afecta al 85% del alumnado, podría ser eliminada si las administraciones retirasen la financiación a los centros que incumplen la normativa, lo que permitiría redirigir los fondos hacia aquellos que realmente lo necesitan.
