El 29 de octubre, el Consejo de Ministros sorprendió con el anuncio de la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo diseñado para luchar contra la corrupción y proteger a quienes denuncian irregularidades. El órgano, aprobado por real decreto, fue presentado como una herramienta autónoma, ajena al control gubernamental. Sin embargo, su estructura y los procedimientos para designar a su liderazgo dejan claro que será el ministro Félix Bolaños, titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien tendrá la última palabra en el nombramiento de su presidente. Además, el nuevo organismo estará adscrito al ministerio de Bolaños «a efectos organizativos y presupuestarios», aunque el decreto insiste en que dicha adscripción no compromete su autonomía.
La presentación de esta Autoridad coincidió con un momento crítico para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que estaba bajo presión debido a las revelaciones del caso conocido como el «Aldamazo». Este escándalo involucra al empresario Víctor de Aldama, quien ha colaborado activamente con la Justicia. Pese a su cooperación, el Gobierno no ha dudado en desacreditar sus testimonios, lo que contrasta con la narrativa de apoyo a los denunciantes que promovió Félix Bolaños durante la creación del organismo.
La Fiscalía, por su parte, ha valorado positivamente la colaboración de Aldama, señalando que ha proporcionado información relevante para esclarecer los hechos investigados. Sin embargo, el trato que ha recibido del Gobierno dista mucho del respaldo que este ofreció en otros casos, como el del exconcejal del PP José Luis Peñas, quien destapó el caso Gürtel en 2009 y recientemente recibió un indulto parcial del Consejo de Ministros.
Este doble rasero refuerza las críticas hacia la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que nace en medio de acusaciones de ser un instrumento político más que un verdadero organismo autónomo para combatir la corrupción.
Un organismo con apariencia de independencia
Aunque en su decreto de creación se proclama que la Autoridad actuará «con plena autonomía e independencia orgánica y funcional», la realidad de su diseño ha despertado escepticismo. El presidente del organismo será nombrado directamente por Bolaños para un mandato de cinco años, aunque con el aval de la Comisión de Nombramiento del Congreso. Además, la Comisión Consultiva de Protección del Informante, que asesorará al presidente, estará formada en su mayoría por representantes de instituciones cuyos responsables han sido designados por el Gobierno.
Entre los miembros de esta comisión se incluyen representantes de organismos clave como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Banco de España, y la Agencia Tributaria, entre otros. También participarán dos juristas designados directamente por el ministerio de Bolaños y un representante de asociaciones de informantes.
La concentración de poder en manos del Ejecutivo ha llevado a comparar este modelo con otros órganos que, aunque formalmente independientes, tienen líderes nombrados por el Gobierno, como el fiscal general del Estado, el gobernador del Banco de España y el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Durante la presentación del organismo, Bolaños defendió que el Ejecutivo de Sánchez «no tolera ningún tipo de corrupción» y afirmó que «quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». Sin embargo, este mensaje se enfrenta a las contradicciones evidenciadas por el caso Aldama, donde el testimonio del empresario, clave según la Fiscalía, ha sido desacreditado públicamente por el PSOE.
