En plena controversia por los casos de corrupción que salpican al entorno cercano de Pedro Sánchez, el Gobierno ha decidido movilizar una primera partida de 35 millones de euros en ayudas a los medios de comunicación, dentro del marco del Plan de Acción por la Democracia. Estas subvenciones, cuyo objetivo oficial es «garantizar información veraz», se enmarcan en una estrategia de apoyo a la digitalización de los medios, que ha sido duramente criticada por coincidir con una ofensiva del Ejecutivo contra la prensa que informa sobre las investigaciones judiciales relacionadas con figuras clave del entorno presidencial, como su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y su exministro José Luis Ábalos.
El Ejecutivo ha aumentado esta partida de ayudas de los iniciales 100 millones a un total de 124 millones de euros, justificados bajo el propósito de modernizar tecnológicamente el sector mediático y fortalecer su papel en la democracia. De estos fondos, 10 millones se destinarán específicamente a proyectos que desarrollen herramientas para combatir las denominadas «noticias falsas», mientras que otros 10 millones financiarán iniciativas de inteligencia artificial dirigidas a grandes o medianas empresas con publicaciones en varias comunidades autónomas y presencia tanto en papel como en formato digital.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado que este plan busca «preservar la competitividad de los medios de comunicación y su papel esencial en la formación de una opinión pública libre e informada», pero el momento en que se implementa no pasa desapercibido. Mientras los medios críticos informan sobre los avances judiciales en los casos que afectan al presidente del Gobierno, desde el Ejecutivo se ha acusado a la prensa de llevar a cabo un «acoso mediático» contra Sánchez.
A pesar del aumento de los fondos, sectores críticos denuncian que estas ayudas podrían ser utilizadas como un mecanismo de presión para influir en los contenidos mediáticos. La ampliación del presupuesto coincide con un contexto en el que el Gobierno enfrenta acusaciones de intentar controlar el relato mediático en un momento de creciente tensión política y judicial. «La libertad de prensa está en riesgo cuando las subvenciones gubernamentales se combinan con restricciones veladas a la independencia informativa», advierten analistas independientes.
Por otra parte, el Plan de Acción por la Democracia también incluye medidas para impulsar la transformación tecnológica del sector mediático, como herramientas que faciliten la digitalización y permitan a los medios competir en un entorno global. Desde el Gobierno aseguran que «estas inversiones reflejan el compromiso de garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz», aunque la proximidad de estas medidas a los escándalos que comprometen al Ejecutivo ha generado suspicacias sobre sus verdaderas intenciones.
El anuncio de este plan llega en un momento en que la prensa crítica sigue desvelando detalles de las investigaciones judiciales que afectan a personas del círculo de confianza de Pedro Sánchez. En este contexto, la tensión entre el Ejecutivo y los medios de comunicación alcanza niveles inéditos, dejando en el aire la pregunta de si estas ayudas realmente benefician a la pluralidad informativa o buscan reforzar el control sobre la narrativa mediática.
