El Gobierno de Pedro Sánchez va a exigir a la CEE, Conferencias Episcopal Española, un sistema de reparación “obligatorio, efectivo” y en el que participen víctimas de abusos en la Iglesia.
Esta exigencia la ha hecho pública el Ejecutivo después de que haya tenido lugar una reunión entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Así, según ha informado este departamento, el objetivo de esta reunión era dar cuenta de la postura del Gobierno ante la intención de la CEE de establecer “un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.
Esta reunión se ha celebrado un día antes de que una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE debata, y, en su caso apruebe, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha explicado que durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo.
El ministerio de Félix Bolaños se ha reunido en varias ocasiones con la CEE
Por otro lado, Bolaños ha transmitido que el Gobierno no aceptará “en ninguna circunstancia” un sistema unilateral como el propuesto por los obispos y ha asegurado que no se ha transmitido “en ningún momento” al Ejecutivo. Sin embargo, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán aseguró la semana pasada que los obispos habían informado al Gobierno de sus intenciones a través de la comisión bipartita en la que están representadas ambas partes.
El ministro de la Presidencia ha señalado que este plan presentado por la Iglesia no cuenta con la presencia de las víctimas y las resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza «en ningún momento» la reparación. Por otro lado, los obispos tienen previsto someter el plan a votación de la Asamblea Plenaria este martes 9 de julio, aunque para que esta iniciativa salga adelante necesitará mayoría de dos tercios, pero las diócesis no dependen de la Conferencia Episcopal Española.
