La afluencia de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias ha forzado al Gobierno a mantener activos sus esfuerzos de traslado hacia la Península. Según documentación a la que ha tenido acceso La Gaceta, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, firmó un acuerdo por valor de 2.956.800 euros con la ONG ACCEM para gestionar el traslado aéreo de más de 10,000 inmigrantes desde Canarias a la Península durante el primer trimestre del año.
Este acuerdo incluyó la contratación de 45 vuelos, en su mayoría operados por Air Europa, que salieron de los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria con destino final en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Los traslados se intensificaron en enero y febrero, cuando se movilizaron más de 9,000 inmigrantes en 40 vuelos, mientras que en marzo se añadieron otros cinco vuelos para trasladar a aproximadamente 1,000 personas más.
ACCEM: la ONG a cargo de los traslados
ACCEM, una organización especializada en la acogida e integración de migrantes y solicitantes de asilo en España, fue la seleccionada para llevar a cabo la compleja logística de estos traslados. Esta ONG se ha encargado de coordinar no solo los vuelos hacia Madrid, sino también la distribución de los migrantes en hoteles, acuartelamientos y centros de acogida en diversas localidades de la geografía española.
Desde inicios de año, ACCEM ha mantenido su colaboración con el Ministerio de Inclusión en un esfuerzo por gestionar la masiva afluencia de migrantes, aunque el Gobierno aún no ha revelado las cifras específicas destinadas a esta ONG en el segundo y tercer trimestre del año. Sin embargo, según fuentes cercanas a la situación, se estima que la ONG ha seguido gestionando miles de traslados en estos últimos meses.
Las Islas Canarias se han convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes a España, debido a su proximidad con la costa africana. La llegada de personas en embarcaciones precarias y en condiciones peligrosas ha generado una presión sin en las infraestructuras de acogida de las islas. Ante esta situación, el Gobierno español ha priorizado los traslados a la Península como una medida para aliviar el sistema de acogida canario, ya desbordado y enfrentado a la gestión de emergencias humanitarias constantes.
Mientras sectores conservadores denuncian la falta de transparencia en los acuerdos de traslado y en el uso de fondos públicos, algunas organizaciones de derechos humanos cuestionan la calidad de los centros de acogida a los que son enviados los inmigrantes, aludiendo a la saturación y a las limitaciones de recursos.
Además, se ha cuestionado la falta de información detallada sobre los acuerdos financieros entre el Gobierno y ACCEM, así como los mecanismos de control aplicados para garantizar el uso efectivo de los fondos destinados. También queda en el aire la cantidad total desembolsada hasta ahora, y si esta práctica continuará en el futuro.
