El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y otros servicios relacionados con la plurinacionalidad de España ha generado un importante impacto presupuestario. En 2025, el Congreso destinará hasta 3,9 millones de euros a servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado, cifra que podría extenderse hasta 2027 si el contrato es prorrogado.
Distribución de los gastos
El desglose de estos gastos refleja prioridades claras:
- Interpretación simultánea de intervenciones: Este servicio será el más costoso, con un presupuesto de 2.139.885 euros en 2025, gestionado por la UTE AIB-AIM, compuesta por la Agrupación de Intérpretes de Barcelona y Agrupación de Intérpretes de Madrid. El coste por hora asciende a 145,2 euros.
- Traducción escrita: La agencia Altalingua realizará las traducciones por 0,034 euros por palabra, lo que se traduce en un gasto estimado de 714.854 euros.
- Subtitulado: La empresa Red Bee Media se encargará de este servicio, con un presupuesto anual de 672.741 euros, a razón de 187,55 euros por hora.
- Transcripción: La empresa valenciana Pangeanic percibirá 462.836 euros por transcribir en lenguas cooficiales y castellano, con tarifas de 2,85 euros por minuto en lenguas cooficiales y 1,65 euros en castellano.
Además, el Congreso dispone de una bolsa de 12 traductores autónomos, cuyos servicios se facturan por hora según necesidades.
Equipamiento técnico y contratos menores
El Gobierno ha invertido también en la adquisición de equipos para facilitar la interpretación. El Congreso compró 450 auriculares y alquiló equipos técnicos por un total de 53.000 euros en 2023, que en 2024 ascendió hasta los 55.004 euros. Estos recursos complementan los 200 dispositivos que ya poseía la Cámara Baja.
En paralelo, desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, el Congreso ha gastado 390.990,93 euros en servicios de traducción e interpretación mediante 221 contratos menores. Este mecanismo ha permitido trocear contratos para evitar procesos públicos de licitación, una práctica criticada por falta de transparencia.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha retomado el acuerdo con la Generalitat de Cataluña para publicar documentos en catalán. Este convenio, extinguido en 2020, vuelve a estar vigente con un coste anual de 273.000 euros para cubrir traducción, revisión y publicación en formato electrónico.
La reforma del reglamento del Congreso en septiembre de 2023, impulsada por PSOE, Sumar y partidos nacionalistas, como ERC y PNV, habilitó el uso de las lenguas cooficiales en debates y comisiones. Esta medida fue clave para obtener el apoyo de socios como Junts, necesario para la presidencia de Francina Armengol.
Desde su aprobación, la iniciativa ha generado críticas de la oposición (PP y Vox), quienes consideran estos gastos como innecesarios y un gesto político para contentar a los socios independentistas. Por su parte, los defensores argumentan que estas medidas promueven la plurinacionalidad y normaliza la diversidad lingüística en España. En conjunto, los gastos totales para 2025 relacionados con servicios plurinacionales ascienden a más de 4,2 millones de euros, lo que incluye el contrato del Congreso y el convenio con la Generalitat.
