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La tasa tendrá que ser aplicada por todos los ayuntamientos, pese a la oposición de muchos de ellos. Los ayuntamientos que habían suprimido esta tasa tendrán que recuperarla, y los que ya la tengan, tendrán que aumentar la cuantía. En algunos casos se duplicará la factura actual de este impuesto.
La nueva tasa, impuesta por la Unión Europea, busca la financiación del reciclaje y la sostenibilidad. Tiene como lema “paga más, el que más contamina”, pero en realidad el nuevo impuesto será establecido según lo que determinen los ayuntamientos. Se espera que esta tasa aumente un 150%, pues actualmente los ciudadanos solo pagan en torno al 40% del coste total del servicio.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha criticado la tasa de basuras que se ven obligados a aprobar los ayuntamientos en sus ordenanzas porque “le ha dado la gana al Gobierno de Pedro Sánchez, dado que la normativa europea no establece una tasa que tengan que pagar los vecinos de esa manera”.
Durante una entrevista en Onda Madrid, la presidenta de la FEMP ha tildado esta tasa de “disparate”, afirmando que, además, atenta contra la autonomía local. En este sentido, ha recordado que desde la FEMP se ha intentado trabajar con el gobierno para que reconsiderase su postura y se han solicitado reuniones, pero “ni se nos escucha ni se nos recibe”, ha lamentado.
Según García-Pelayo, se trata de una tasa generalizada que están cuestionando los propios funcionarios de la Administración Local y, además, va a provocar una avalancha de recursos: “Los vecinos van a pagar más mientras se pone en cuestión la legalidad de este cobro”, ha advertido. De esta forma, tal y como ha explicado García-Pelayo, el Gobierno, con la imposición de la tasa de basuras realiza un cambio importante en cuanto a la concepción de las tasas locales en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que tal como se deduce de su artículo 20.1, las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales. Sin embargo, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, se establece “por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa”, para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia.
«El gobierno debería haber hecho las cosas bien»
La presidenta de la FEMP ha lamentado que el gobierno no haya hecho las cosas bien, actuando de manera inesperada y obligando a los alcaldes a establecer una tasa cuya aplicación no comparten, violando además el principio constitucional de autonomía local. Asimismo, ha llamado a la unidad de todos los alcaldes, con independencia de su adscripción política, para que “tengamos una única voz ante esta tropelía económica”.
