El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado trabajando en un ambicioso plan para combatir la desinformación, popularmente conocido como el «plan antibulos». Esta iniciativa, compuesta por 31 medidas, fue presentada hace cinco meses en respuesta a la controversia judicial que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente.
Para evitar posibles conflictos entre los diferentes socios de gobierno y facilitar la aprobación de estas medidas, el Ejecutivo está valorando la posibilidad de agrupar todas las propuestas relacionadas con los medios de comunicación en una sola ley. Este enfoque, que ha sido calificado por fuentes del partido como una «ley ómnibus de medios», permitiría que el conjunto de las medidas sea debatido y votado en el Congreso de los Diputados en un único paquete legislativo.
Papel del reglamento europeo en la ley ómnibus
Esta eventual ley también cumpliría con el mandato de trasponer el reglamento europeo sobre medios de comunicación a la legislación española, un proceso que debe completarse antes del verano de 2025. En un principio, el Gobierno prefería desglosar las propuestas a través de proposiciones de ley independientes. Sin embargo, la creciente complejidad del debate interno y las tensiones entre los socios de coalición han llevado a considerar la opción de agruparlas.
Entre las medidas que se podrían incluir en esta ley, destacan la actualización de la ley de publicidad institucional, que pretende dar mayor transparencia sobre la propiedad y la financiación de los medios privados, la medición de sus audiencias, y la limitación del dinero público que pueden recibir aquellos medios con baja audiencia, según el criterio del Gobierno. También podría obligar a todas las administraciones públicas a publicar anualmente sus inversiones publicitarias.
Además, se contemplan la creación de un registro de medios gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ofrecería información pública sobre la propiedad de los medios y las inversiones publicitarias que reciben. Asimismo, se incluirían medidas para apoyar a los medios que publiquen en lenguas cooficiales como el catalán, gallego o euskera.
El Ejecutivo percibe que el paquete de medidas sobre los medios de comunicación tiene una buena oportunidad de prosperar en el Congreso, ya que cuenta con el respaldo de la mayoría de las familias políticas europeas representadas en los grupos parlamentarios, con la notable excepción de Vox, que ha mostrado su rechazo. Esta cohesión podría facilitar el avance de la ley sin generar mayores tensiones entre los socios del gobierno y otros actores parlamentarios.
Reforma de la Ley de Secretos Oficiales
Más allá de las medidas vinculadas a los medios, el Gobierno tiene otras reformas prioritarias, como la actualización de la Ley de Secretos Oficiales. Esta es una demanda histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que busca modernizar una ley que data de 1968, adaptándola a los estándares democráticos actuales. No obstante, esta reforma requiere un consenso más amplio, dado que su carácter transversal afecta a diversas áreas de la gobernanza y la seguridad del Estado.
Asimismo, entre las medidas que requieren una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados se encuentra la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación, una propuesta que busca asegurar la rendición de cuentas del Gobierno ante el parlamento. También se están considerando sanciones para aquellos diputados que no presenten su declaración de bienes, así como reformas en los procesos electorales que obligarían a los candidatos a participar en debates durante las campañas.
Otro punto es la exigencia de que las casas de encuestas publiquen los microdatos de sus estudios, lo que permitiría un mayor escrutinio público sobre la fiabilidad de las encuestas electorales. Además, el Gobierno tiene la intención de aprobar una Estrategia de Gobierno Abierto y un programa de ayudas de 100 millones de euros destinado a la digitalización de los medios de comunicación.
Uno de los mayores retos para el Ejecutivo será la reforma del Código Penal, que pretende modificar los artículos relacionados con la libertad de expresión y la creación artística, especialmente en lo que se refiere a los delitos contra las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos y el escarnio público.
