Por primera vez en 50 años, el acuerdo de atención sanitaria para funcionarios de Muface ha quedado sin participantes. Ninguna de las grandes aseguradoras presentó candidatura para prestar este servicio, al considerar que las condiciones económicas son inviables. Con esta retirada, 1,5 millones de empleados públicos, entre profesores, policías y funcionarios, se encuentran en incertidumbre sobre su cobertura médica en apenas dos meses.
Medidas del Gobierno para salvar el acuerdo
El Gobierno, preocupado por la situación, prepara una licitación de emergencia con una mejora económica para atraer a las aseguradoras privadas. Esta subasta exprés introduce una novedad, ya que el plazo para su publicación y presentación es extremadamente corto. Aunque en la primera propuesta se ofreció un aumento del 17% en las primas, las aseguradoras lo consideran insuficiente, argumentando que las pérdidas acumuladas en los últimos años ascienden a 600 millones de euros. El sector insiste en que un aumento del 40% sería necesario para alcanzar el equilibrio financiero.
Prórroga forzosa: la segunda carta del Ejecutivo
Si la oferta mejorada no logra atraer a las aseguradoras, el Ministerio de Función Pública tiene otra medida bajo la manga: la prórroga forzosa. La Ley de Contratos del Sector Público permite obligar a las empresas contratistas a extender el servicio hasta nueve meses, siempre que las condiciones del contrato no cambien. Según fuentes del sector, esta extensión sería «devastadora» para la situación financiera de las aseguradoras, que se verían obligadas a prestar el servicio sin compensación adicional. Las compañías califican esta medida como una negociación «con una pistola sobre la mesa».
Repercusiones financieras y descontento del sector sanitario
La mejora de las primas ofrecida en octubre incluía un aumento del 17%, elevando el presupuesto del contrato a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026. Sin embargo, para las aseguradoras, los costos de los nuevos servicios, como tratamientos bucodentales, fertilidad y terapias experimentales, hacen que el acuerdo siga siendo deficitario, con una previsión de pérdidas de 550 millones de euros.
El grupo Asisa ha advertido que, de haber aceptado las condiciones propuestas, su solvencia habría quedado en riesgo, lo que podría haber precipitado un rescate. Desde el sector médico y hospitalario, diversas asociaciones insisten en que cualquier incremento en las primas debe reflejarse en pagos justos para clínicas y facultativos, afectados por años de tarifas congeladas y bajos presupuestos.
