Imagen de archivo de uno de los menores rescatado y atendido por una policía tras la llegada del crucero Insignia al puerto de Santa Cruz de Tenerife | EFE/Alberto Valdés
En el primer Consejo de Ministros que se celebrará tras la pausa estival la semana que viene, el Gobierno descartará aprobar el reparto obligatorio de los menores migrantes entre comunidades autónomas. Por su parte, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, reclamará este viernes “soluciones” a Pedro Sánchez en su reunión en La Palma ante la situación de colapso debido a la crisis migratoria que está experimentando esta comunidad autónoma.
Las islas tienen una capacidad máxima de 2.000 plazas para acoger a estos inmigrantes, pero actualmente cuentan con alrededor de 5.100 jóvenes bajo tutela del Gobierno insular. Se espera, además, un repunte en los próximos meses. Este mismo jueves, 346 inmigrantes, entre ellos 14 menores, han llegado a la isla de El Hierro a bordo de tres embarcaciones.
En el primer encuentro entre ambos presidentes también acudirá el ministro de Política Territorial y exmandatario canario Ángel Víctor Torres, donde además se abordarán cuestiones relacionadas con la financiación y los presupuestos de 2025. La reunión se produce, además, antes del viaje de la semana que viene de Sánchez a Senegal, Gambia y Mauritania para reforzar el control migratorio. Este último país, que vive su propia crisis de refugiados, es clave en la ruta hacia Canarias, con más de 20.000 desembarcos en lo que va de año.
Lo más rápido sería aprobar un real decreto
El jefe del Ejecutivo canario reclamó el miércoles “todos los esfuerzos” por parte del Ejecutivo central “para que la modificación legislativa salga adelante”. En realidad, lo más rápido sería aprobar mediante real decreto el reparto obligatorio de migrantes, después de que el PP tumbara en el último pleno del período de sesiones en el Congreso la reforma de la ley de Extranjería.
Con la aprobación del real decreto, se podría poner en marcha la gestión para los traslados en cuanto el Consejo de Ministros diese luz verde a la iniciativa, aunque fuentes del Gobierno central, tal y como informa El País, rechazan optar por esta vía si no cuentan antes con el compromiso de los populares para su respaldo en las Cortes, que se tendría que producir en el plazo máximo de un mes. Sin este, argumentan, los menores podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica.
Particularmente complicada es la situación en Canarias, que actualmente acoge a unos 5.100 menores, el 255% de su capacidad máxima. Desde la reunión de julio, en la que se pactó la salida de 260 jóvenes, han dejado las islas 39 con destino a Navarra, Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón. El departamento canario reconoce que la cifra de menores en las islas se ha reducido ligeramente en los últimos meses por las salidas, las reagrupaciones familiares o porque algunos han cumplido la mayoría de edad y han dejado de estar bajo su tutela.
