Imagen: El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont durante la sesión plenaria en el Parlamento Europeo . Benoit Doppagne – Europa Press – Archivo
El Gobierno se deshace en gestos hacia sus socios de Junts. Después de que la semana pasada el Ejecutivo decidiera dar marcha atrás en la votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados, desde Moncloa trasladan su vocación de satisfacer las exigencias de los independentistas.
Después de que los de Carles Puigdemont demanden un tercio sobre el déficit del total para las comunidades, en Moncloa han lanzado otros guiños, recuperando cuestiones como el uso del catalán en las instituciones europeas o la reactivación de comisiones de investigación pendientes en el Congreso de los Diputados sobre la llamada «operación Cataluña» o los atentados del 17 de agosto.
Dentro de estas apuestas se ubica la «internacionalización de la causa catalana». Uno de los hitos que persigue Junts es que el catalán sea lengua oficial en Europa. Esta fue una de las banderas de su campaña a las elecciones europeas. En plena reconducción de las relaciones entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se está empleando a fondo.
Oficialidad del catalán, euskera y gallego en Europa
La semana pasada volvía a insistir por tercera vez y por cámara a la presidenta de la Eurocámara Roberta Metsola para pedirle que se apruebe el uso del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo. Aseguraba que se trata de un “asunto prioritario para España”.
El Gobierno no descarta llevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la oficialidad de estas lenguas de no ser posible conseguir la unanimidad de los Veintisiete para que esto ocurra. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, en una entrevista en Catalunya Radio, donde aseguró que lo único que impide la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE es una «reticencia política» de aquellos países gobernados por el Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha.
A juicio de Albares, «no hay obstáculos reales» para que el resto de socios den luz verde a la oficialidad de catalán, euskera y gallego, solicitada por el Gobierno al Consejo de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo con Junts de cara a la nueva legislatura. En este sentido, subrayó que no hay problema de traductores, puesto que ya existen y con las nuevas tecnologías sería «algo muy fácil», tampoco con el coste, «porque España está dispuesto a asumirlo».
