Reunión de coordinadores del programa electoral del PSOE. Fuente: Redes sociales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un Anteproyecto de Ley Orgánica que pone en riesgo la independencia judicial en España. En caso de ser aprobado, este anteproyecto otorgaría al Ejecutivo la capacidad de designar y nombrar jueces y fiscales afines al Partido Socialista.
“El Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judiciales y fiscales, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo adaptar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad de este servicio público y a las demandas sociales emergentes”, señala el texto presentado por el Consejo de Ministros.
Según señala el texto publicado por el Consejo de Ministros, esta reforma de la carrera fiscal y judicial “se trata de la mayor reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y afianza la gran transformación de la justicia que está llevando a cabo este Gobierno basada en los principios de digitalización, modernización y vocación social”.

Anteproyecto del Ley del PSOE. Fuente: redes sociales/ Pablo Cambronero
El anteproyecto del Ley presentado por el Gobierno socialista señala que los ejes fundamentales de la actualización de esta ley son: “promover igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial; buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia; mejorar su carrera profesional; e impulsar la pluralidad y la transparencia de sus estructuras”.
La norma convierte el Centro de Estudios jurídicos en un centro público de preparación de opositores
Entre otras, la medida propuesta por el PSOE pretende consolidar y proteger las Becas SERÉ al darles el rango legal. Son ayudas “dirigidas a los opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia, cuya cuantía será equivalente, al menos al Salario Mínima Interprofesional en cómputo anual, y tendrán una duración de hasta cuatro años”.
Según señala el Consejo de Ministros, “la norma convierte el Centro de Estudios jurídicos en un centro público de preparación de opositores que contará con distintas delegaciones, con el fin de reducir la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia”.
El extracto más llamativo del texto presentado por el Consejo de Ministros sobre el anteproyecto de Ley, que presuntamente beneficiará a jueces y fiscales afines al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, destaca lo siguiente: “Los jueces y magistrados en activo necesitarán el reconocimiento de la compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial para la preparación de oposiciones, además de establecerse un registro público de preparadores”.