El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado los trámites para que se declaren las manifestaciones por la democracia tras el 23-F como Lugar de Memoria. Estas manifestaciones hacen referencia a las que tuvieron lugar en España a favor de la democracia el 27 de febrero de 1981, apenas cuatro días después de que tuviera lugar el fallido golpe de Estado.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mañana de este jueves, que detalla que a propuesta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se incoa al procedimiento de declaración de lugar de Memoria Democrática de las “Manifestaciones del 27 de febrero de 1981 a favor de la democracia”.
Este reconocimiento busca preservar y difundir el significado de estas protestas masivas que se realizaron en toda España en defensa de la democracia y la Constitución, tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y que bajo el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución” reunió a las principales fuerzas políticas y sindicales.
El 23-F, más de 200 guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, secuestrando a los diputados por más de 17 horas. Tras la intervención televisada de madrugada del Rey Juan Carlos I en defensa de la Constitución y la democracia, y el poco seguimiento del golpe entre las Fuerzas Armadas, el golpe terminó por fracasar.
Cuatro días más tarde se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda España en contra de la asonada. A la celebrada en Madrid fueron un millón y medio de personas, entre las que se encontraban el entonces secretario general del PSOE, Felipe González; el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga; el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo; el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, así como otros destacados políticos y sindicalistas.
Las manifestaciones que Sánchez quiere proteger con las que tuvieron lugar el 27 de febrero de 1981
Según argumenta el Gobierno, las manifestaciones simbolizaron el rechazo de la sociedad española al intento de golpe de Estado del 23-F y fueron una “expresión simbólica” de la resistencia y voluntad democrática “de la inmensa mayoría del pueblo español” contra “aquellos que planeaban volver a los tiempos de la dictadura” de Francisco Franco.
“Por su valor simbólico, por su masivo seguimiento ciudadano, por su carácter plenamente democrático e inmaterial, y por su profunda trascendencia para el futuro democrático de nuestro país, las manifestaciones del 27 de febrero de 1981, convocadas en toda España bajo el lema ‘Por la libertad, la democracia y la Constitución’ merecen ser declaradas Lugar Inmaterial de Memoria Democrática”, reza el decreto.
La Ley de Memoria Democrática permite reconocer no solo espacios físicos donde ocurrieron hechos relevantes, sino también eventos de gran trascendencia para la memoria democrática. Por ello, la idea de esta declaración es la instalación de placas, paneles y señalización en distintos lugares, además de material digital y audiovisual para su difusión en el portal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Tras la publicación en el BOE de la incoación, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática solicitará informes a varias instituciones académicas y de derechos humanos para recabar información. Tras esto, se abrirá un período de información pública de 21 días para que cualquier persona interesada pueda hacer alegaciones. Pasado un plazo de máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación, el expediente se resolverá.
