El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar el ‘escudo social’ que está vigente en cuanto a materia energética para proteger a los colectivos más vulnerables, con la extensión de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025.
Con esta nueva prórroga, mantendrá los descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos. Hay que destacar que las medidas del bono social están incluidas dentro del Real Decreto con el fin de prorrogar varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a los impactos por la guerra de Ucrania y en Gaza.
En octubre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez, dio luz verde a esta tarifa para las comunidades de vecinos con calderas comunitarias de gas natural. Aunque a finales del año pasado se acordó una retirada gradual de la rebaja de impuestos sobre la electricidad y el gas natural. En el caso de la luz, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situó en el 10% durante todo 2024, siempre y cuando el precio medio aritmético del mercado diario superara los 45 euros/MWh en el mes anterior de facturación.
El bono social se amplía hasta julio de 2025
El IVA ha llegado a ser del 21%, como se ha visto reflejado en los recibos de la luz de los últimos meses. Los motivos son los bajos precios registrados en el mercado mayorista de la electricidad, aunque el tipo volverá a ser del 10% ya que este mes de junio la media del ‘pool’ cerrará nuevamente por encima de los 45 euros/MWh.
En cuanto a los suministros de gas natural, el IVA estuvo en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, volviendo ya así desde abril a su nivel habitual. El Gobierno también ha ampliado hasta seis meses el plazo para que las empresas de gas receptoras de ayudas públicas para paliar la subida del precio del gas por la guerra en Ucrania puedan demostrar el cumplimiento del plazo efectivo de pago a sus proveedores. La normativa establece que los pagos deben completarse en un periodo máximo de 60 días. Las empresas gasintensivas tendrán un periodo adicional, hasta finales de 2024, para demostrar que cumplen con dicho plazo.