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El comité de 50 expertos designado por el Gobierno en enero para evaluar el impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia ha concluido su informe, que establece directrices clave para mitigar los riesgos asociados al uso de dispositivos digitales por menores. Entre sus principales recomendaciones destacan evitar la exposición a pantallas antes de los tres años, desaconsejar su uso hasta los seis y fomentar el empleo de teléfonos analógicos entre los 12 y 16 años. También se insta a incorporar un etiquetado obligatorio en dispositivos que advierta sobre los peligros para la salud y los efectos del acceso a contenidos inapropiados.
Diagnóstico y medidas para una legislación en marcha
El informe, compuesto por casi 250 páginas, incluye un diagnóstico basado en estudios sociológicos y neurocientíficos sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y el comportamiento de los menores. Además, presenta 107 medidas destinadas a complementar el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, aprobado en primera instancia por el Gobierno en junio y actualmente en fase de consulta pública.
El documento subraya la necesidad de un «acceso progresivo» a los dispositivos según la edad, recomendando que los menores de seis años solo los usen en circunstancias excepcionales, como el contacto social o situaciones judiciales. Para adolescentes, se aboga por un uso controlado de móviles inteligentes con herramientas de control parental y restricciones de acceso a redes sociales.
Educación digital bajo lupa
En el ámbito educativo, los expertos proponen revisar las aplicaciones digitales utilizadas en los colegios, eliminando aquellas basadas en sistemas de gratificación inmediata. Asimismo, se recomienda limitar la digitalización en función de la edad: en la etapa de Infantil (0 a 6 años), no se permitirá el uso de dispositivos individuales, mientras que en Primaria (6 a 12 años) se priorizará la enseñanza analógica.
Los centros escolares deberán incluir estas medidas en sus planes digitales, fomentando el aprendizaje vivencial y limitando la exposición temprana a la tecnología. Actualmente, herramientas como Innovamat, que integran juegos con recompensas inmediatas, están presentes en más de mil colegios públicos, un uso que podría ser revisado.
Formación para familias y salud pública
El informe también aborda la formación de las familias, instando a la creación de programas adaptados a diferentes contextos socioeconómicos. Estos incluirán pautas sobre navegación segura, límites de exposición y ventajas educativas de un uso crítico de la tecnología. Las AMPA y entidades del tercer sector podrán recibir subvenciones para implementar estas iniciativas.
Desde una perspectiva sanitaria, los expertos piden declarar problema de salud pública los trastornos derivados del uso excesivo de tecnología. Proponen implementar medidas preventivas y realizar cribados sistemáticos sobre el impacto de la tecnología en consultas pediátricas, incluyendo revisiones de salud mental con evaluaciones de ansiedad, depresión y conductas digitales problemáticas.
Obligaciones para las empresas tecnológicas
El informe sugiere nuevas normativas para las empresas del sector digital. Entre ellas, el etiquetado de dispositivos y aplicaciones con advertencias claras sobre los riesgos para la salud y recomendaciones de uso por edades. Además, los fabricantes deberán incluir informes de impacto sobre los menores en cada nuevo lanzamiento, garantizar configuraciones de máxima seguridad y evitar prácticas como el perfilado, la publicidad conductual o las notificaciones automáticas sin consentimiento explícito.
