Imagen: Europa Press
El Ejecutivo ha reconocido que no podrá presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de fin de año, por lo que el Ministerio de Hacienda tendrá que prorrogar las cuentas de 2023 durante los primeros meses de 2024. La nueva propuesta presupuestaria, que se presentará en el Congreso a partir de enero, buscará garantizar la estabilidad económica para lo que resta de legislatura. Esto supone un retraso mínimo de tres meses respecto al plazo constitucional, aunque todo apunta a que podría extenderse aún más.
Obstáculos políticos y retrasos acumulados
La dificultad para consensuar el techo de gasto y la senda de déficit, sumada a la reciente aprobación tardía de la reforma fiscal, ha complicado el calendario presupuestario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja intensamente en asegurar el apoyo de los socios de investidura antes de llevar el proyecto a las Cortes. Inicialmente, el Gobierno había barajado presentar los presupuestos antes de finalizar 2023 y extender provisionalmente los de este año, pero fuentes gubernamentales y expertos aseguran que ya no es viable.
Un proceso complejo con plazos ajustados
La aprobación de los presupuestos requiere superar varias etapas, comenzando por la validación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria, que ya deberían estar aprobados. Según la Constitución, el proyecto debe enviarse al Congreso al menos tres meses antes de que expiren las cuentas del año anterior, un plazo que, en esta ocasión, no se cumplirá.
Hacienda intentó iniciar el proceso el pasado diciembre, pero los retrasos causados por las elecciones generales y la formación del nuevo Gobierno bloquearon la senda fiscal. La mayoría del PP en el Senado frustró el plan inicial del Ejecutivo, obligando a incorporar una enmienda en la Ley de Paridad para eliminar el veto del Senado y garantizar su aprobación con mayoría simple en el Congreso.
Bloqueos en las negociaciones con Junts
A pesar de las estrategias para salvar los obstáculos, el Gobierno sufrió un nuevo revés en julio cuando Junts, junto con PP y Vox, bloqueó los objetivos de déficit en el Congreso. La formación catalana exige mayor margen fiscal para las autonomías, lo que complicó las negociaciones.
La última propuesta gubernamental establece un déficit público del 2,5% del PIB en 2025, con un reparto que deja un 2,2% para el Estado, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las entidades locales. Sin embargo, el partido pide aumentar el margen para las autonomías al 0,8%, algo que el Ejecutivo intenta ajustar para lograr un pacto.
Un proceso presupuestario que se avecina tenso
Aunque la negociación con Junts avance, el Ejecutivo aún deberá pactar con el resto de socios de investidura para sacar adelante el diseño final de los presupuestos. Las recientes dificultades para acordar la reforma fiscal anticipan un proceso arduo y prolongado. María Jesús Montero confía en superar este desafío, aunque reconoce que el camino no será sencillo.
La prórroga de los presupuestos de 2023 marca una anomalía en la historia democrática española, con precedentes en situaciones excepcionales como la pandemia de 2020. Ahora, el Gobierno enfrenta el reto de salvar los obstáculos políticos para garantizar la estabilidad presupuestaria en un contexto de fragilidad parlamentaria.
