El Gobierno de Pedro Sánchez intenta redefinir el debate sobre la financiación autonómica, con el objetivo de neutralizar las críticas por las concesiones otorgadas a Cataluña durante la negociación para la investidura de Salvador Illa. Para evitar la pérdida de votos fuera de Cataluña, el Ejecutivo busca convencer a sus electores de que lo logrado por ERC en la negociación puede estar al alcance de cualquier otro gobierno autonómico dispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE. El mensaje que se quiere transmitir es que el pacto con los separatistas es una oportunidad, y no un agravio comparativo.
Estrategia bilateral para romper el frente común
Uno de los primeros movimientos del Ejecutivo en esta nueva estrategia podría ser la apertura de negociaciones bilaterales para la condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que las comunidades tienen con el Estado. Este gesto buscaría, además, debilitar el frente común que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado con las comunidades gobernadas por su partido. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insinuó esta posibilidad al destacar que ninguna comunidad estaba dispuesta a renunciar a sus «posiciones de máximos», lo que complica la posibilidad de llegar a un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Montero subrayó que las concesiones en las negociaciones pueden tener un «coste electoral» para los gobiernos autonómicos, y por ello considera que es necesario reorientar el proceso de diálogo. Además, la ministra de Hacienda recordó que no hay garantías de que el PP apoye lo que se pacte en el CPFF, como ya ocurrió con la «senda de déficit», lo que refuerza la idea de que este foro no es el más adecuado para las negociaciones.
Negociaciones discretas y la ruptura del «frente» de Feijóo
María Jesús Montero también destacó que Pedro Sánchez ofreció a Núñez Feijóo la posibilidad de negociar «sin luz ni taquígrafos», pero que el líder del PP rechazó la propuesta. Esto demuestra que el Gobierno confía más en las negociaciones discretas, lo que solo es posible en el marco de las relaciones bilaterales. Además, una negociación bilateral con cada comunidad permitiría debilitar el «frente» que el líder de los populares intenta consolidar en torno a una postura unificada sobre la financiación autonómica, un objetivo que Montero considera difícil de alcanzar debido a la diversidad de intereses entre las comunidades.
El nuevo «café para todos» y el modelo de federalización
El Ejecutivo defiende el acuerdo entre el PSC y ERC como un modelo a seguir para otros gobiernos autonómicos. Este acuerdo, caracterizado por su bilateralidad y por conceder a Cataluña una mayor soberanía fiscal y competencias, es presentado por Montero como un paso hacia un «proceso de federalización del Estado». Sin embargo, algunos expertos y gobiernos autonómicos, como el del socialista Adrián Barbón, consideran que este proceso podría llevar a una España confederal y menos solidaria.
La posibilidad de extender el pacto con Cataluña al resto de las comunidades de régimen común ha generado preocupación. Según el economista Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y director ejecutivo de FEDEA, el costo de mejorar la financiación de todas las comunidades en las mismas condiciones que Cataluña podría oscilar entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. Este dinero tendría que provenir de una reducción del gasto estatal o de un aumento de la presión fiscal, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de este nuevo «café para todos».
