El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intensificado sus esfuerzos por reforzar el uso del catalán en diversos ámbitos de la sociedad catalana. Desde la Justicia hasta el deporte, pasando por la educación, las políticas lingüísticas del PSC han desatado un intenso debate que enfrenta a quienes las ven como una legítima promoción cultural y a quienes las consideran una estrategia que margina al castellano.
Justicia
En el ámbito judicial, Illa ha destinado 500.000 euros a bonificar el uso del catalán por parte de los abogados de oficio. Según el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC), los letrados que utilicen esta lengua recibirán 25 euros adicionales por cada actuación, con un objetivo de 18.782 actuaciones en 2024. Aunque el Govern defiende la medida como un paso hacia la normalización lingüística, entidades como Convivencia Cívica Catalana la han tildado de “discriminatoria” y “caprichosa”.
Su presidente, Ángel Escolano, argumenta que “pagar más por realizar el mismo trabajo en catalán supone una injusticia hacia los hispanohablantes”, cuestionando además que se prioricen estos incentivos en lugar de destinar recursos a infraestructuras judiciales o contratación de personal.
Educación
En el ámbito educativo, el PSC ha llevado la promoción del catalán a los patios y comedores escolares, prohibiendo el uso del castellano en actividades extraescolares y recreos. La resolución aprobada en el Parlament bajo el título “Impulso del uso social y garantía de los derechos lingüísticos” busca implementar la inmersión lingüística en todos los espacios posibles.
Esta medida, alineada con el acuerdo entre el PSC y ERC, ha suscitado críticas por desafiar las resoluciones judiciales que exigen un mínimo del 25% de enseñanza en castellano. Además, se prevé una segunda campaña para fomentar las matrículas en Filología Catalana, con el objetivo de formar a más profesionales en esta lengua.
Deporte
El deporte tampoco ha quedado exento de esta agenda lingüística. Con una inversión de 850.000 euros, el Govern busca promover el uso del catalán en las federaciones deportivas mediante eventos, publicaciones y programas de liderazgo femenino. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por reflejar una agenda claramente separatista bajo un gobierno autodenominado socialista.
Según el Consejo Ejecutivo, la financiación está destinada a fortalecer el asociacionismo deportivo, aunque sus detractores señalan que el castellano queda relegado en este proceso. La oposición advierte que estas políticas “bien podrían haber sido impulsadas por Carles Puigdemont”.
Una agenda lingüística divisiva
Las medidas de Salvador Illa han consolidado al catalán como eje central de su gobierno, pero a costa de una creciente polarización. Mientras el Govern celebra estas iniciativas como un triunfo cultural, las voces críticas alertan de un uso partidista de los recursos públicos y una marginación del castellano que contraviene la igualdad de trato entre lenguas oficiales.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, recientemente denunció que Salvador Illa representa “una cara diferente” que impulsa “las mismas políticas que el separatismo”. Criticó su gestión fiscal, lingüística y migratoria, señalando que estas políticas han llevado a Cataluña a liderar rankings de delitos y a tener la peor calidad educativa del país. Además, alertó sobre el peligro de una financiación singular para Cataluña, que quebraría la igualdad entre los españoles y pondría en riesgo el sistema actual de Seguridad Social y Hacienda.
En un momento en que el Parlamento Europeo señala que el catalán no está en peligro y pide igualdad lingüística, la Generalitat parece decidida a seguir una ruta que pone la identidad por encima de la convivencia. Para muchos, estas políticas no son más que la perpetuación de una agenda que prioriza lo ideológico sobre lo práctico, dejando de lado necesidades más urgentes en Cataluña.
