El movimiento independentista se enfrenta a una crisis de desmovilización y división interna. Este año, los organizadores han decidido abandonar la tradicional manifestación única y optado por realizar cinco convocatorias distintas, una estrategia que refleja tanto la fragmentación del movimiento como un intento de evitar comparaciones desfavorables con las cifras de asistencia de años anteriores.
La Assamblea Nacional Catalana (ANC), otrora la organización de referencia en las movilizaciones independentistas, ha adoptado el lema «Fem més curt el camí» (Hagamos el camino más corto), en referencia al objetivo de alcanzar la independencia. Sin embargo, este eslogan contrasta con la realidad de un movimiento que, en lugar de avanzar, parece estar luchando por mantener su cohesión y relevancia. En el pasado, desde principios de agosto, los medios de comunicación públicos y afines al movimiento independentista proporcionaban detalles sobre la organización de la Diada, desde el número de autobuses fletados hasta los servicios especiales ofrecidos por los Ferrocarriles catalanes. Hoy, estos signos de movilización parecen haber quedado en el pasado.
Fragmentación
La ANC no es la única organización que refleja la crisis del independentismo. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Òmnium Cultural, el Consell per la República, la Intersindical y CIEMEN (Entidad de Naciones y Pueblos sin Estado) también forman parte de la convocatoria, aunque todas ellas han experimentado, en mayor o menor medida, tensiones internas y divisiones que han debilitado su capacidad de movilización. La ANC, en particular, ha visto erosionada su influencia tras intentar formar una lista electoral para las elecciones autonómicas, movimiento que no solo fracasó sino que también le costó la pérdida de transversalidad dentro del independentismo. Hoy, bajo la dirección de Lluís Llach, la ANC ha sido acusada de convertirse en una filial de agitación de Junts, alienando a otros sectores del movimiento independentista. A pesar de todo, la organización afirma mantener a 40.000 militantes al corriente de pago, quienes contribuyen con cuotas que ascienden a 1,7 millones de euros.
Por su parte, el Consell de la República, vinculado también a Junts y liderado por Carles Puigdemont, ha estado envuelto en controversias recientes, como las acusaciones hacia su vicepresidente, Toni Comín, por un presunto uso indebido de fondos de la organización para viajes de lujo. La Intersindical, otro de los convocantes, también tiene una historia controvertida. Fundado por Carles Sastre, condenado por el asesinato del empresario José Maria Bultó, el sindicato separatista ha sido objeto de críticas debido a su conexión con el pasado violento de su fundador. En contraste, Òmnium Cultural parece ser la única organización que ha escapado relativamente indemne de la crisis interna, manteniendo su prestigio como promotora de la cultura catalana y contando con 190.000 afiliados, lo que la convierte en la organización cívica más grande de Europa.
Ante la clara disminución de la capacidad de movilización y la creciente desafección de sus bases, los organizadores han optado por no convocar una única manifestación, sino cinco marchas distribuidas en diferentes puntos. Esta decisión, aunque se presenta como una adaptación a las circunstancias, también parece ser un intento de evitar que la asistencia pueda compararse fácilmente con la de años anteriores. Otra novedad importante es el cambio en la hora de convocatoria. Se ha abandonado la simbólica hora de las 17:14, que conmemora la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión Española, y este año las marchas se realizarán entre las 16:00 y las 17:00 horas. Además, no será necesario inscribirse previamente.
Manifestaciones del 11S
La decadencia de la Diada no es un fenómeno nuevo. En su apogeo, las manifestaciones del 11 de septiembre llegaron a congregar a 1,2 millones de personas en 2012, según datos de la Guardia Urbana de Barcelona. La asistencia alcanzó su máximo histórico en 2014, con 1,8 millones de personas, coincidiendo con el primer referéndum ilegal de independencia. Sin embargo, desde entonces, la participación ha ido disminuyendo, con un millón de asistentes en 2017, año del segundo referéndum ilegal, y cayendo drásticamente a 150.000 en 2022 y 115.000 en 2023.
El objetivo del independentismo en esta edición es evitar el esfuerzo de sus seguidores de tener que desplazarse hasta Barcelona y, con la estrategia de las cinco manifestaciones, conseguir que el número total de asistentes supere el de 2023.