Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha decretado el ingreso en prisión para Víctor de Aldama debido a su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros.
El magistrado le atribuye a Aldama delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario. Según el medio La Razón, en la resolución en la que acuerda la medida, a instancias de la Fiscalía, Pedraz sostiene que la supuesta organización criminal a la que pertenecería “diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados”.
Según Pedraz, la investigación a cuentas bancarias de su titularidad se transfirió “fondos de procedencia delictiva”. “Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada”. Hasta el día de hoy, se han identificado transferencias al exterior por un importe total de 73,9 millones de euros a Portugal, Colombia y China
Las personas que lideran esta organización que forman la trama de hidrocarburos según el juez, sitúa al propio Aldama y a otro de los investigados, Claudio Rivas Ruíz-Capillas, y por en un escalón inferior, María Luisa Rivas Ruíz-Capillas, que recurrían a otros cooperadores “y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras”.
Aldama y Ábalos en el foco de la polémica tras el caso de los hidrocarburos
Así, esta estructura societaria formada por Víctor de Aldama estaría formada por Still Growing y ocho empresas de hidrocarburos: Villafuel SL, Cnary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos y Skyward Tech, que habrían desarrollado “una operativa comercial que les permitió, entre 2022 y 2024 perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en 182.513.923,15 euros”.
El juez ha destacado que los responsables de esta supuesta trama, Aldama y las 13 personas detenidas, habrían adquirido “empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada” por ellos. Según La Razón, desde el 21 de noviembre de 2022, Aldama dispone de un poder general otorgado por Claudio Rivas sobre la estructura Still Growing SL, cuando Villafuel “ya disponía del título de operador”.
Villafuel, según ha constatado la investigación, era una sociedad creada “para lograr sustentar el título de operador”, lo que permitía a la trama “operar en el mercado a través de la estructura instrumental de suministradoras” y, de esa manera, “perfeccionar el fraude”.