El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ ha pedido al Ministerio de Transportes que facilite a la Guardia Civil copia del contenido de todas las carpetas de correo electrónico corporativo del actual subsecretario del departamento, Jesús Manuel Gómez García, y del que fuera director general de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, actualmente director general en Hacienda.
En el auto presentado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ordena a los agentes que se desplacen a la sede del Ministerio situada en el Paseo de la Castellana y recopilen todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese mismo año.
El magistrado explica en su auto que tanto Gómez como Sánchez, según consta en los oficios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, habrían participado en la gestión de los contratos investigados junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda.
Son los propios agentes los que han solicitado al magistrado que dé la orden de recabar esos mensajes. «En el oficio solicitante se apuntan indicios que apuntan a que la subsecretaría del Ministerio de Transportes tuvo un papel relevante en que la contratación de Soluciones de Gestión la principal empresa investigada fuese transmitida a sus entes dependientes, Puertos del Estado y ADIF”, señala el mismo auto.
Exigen los correos de dos altos cargos
En el informe, los agentes hacen referencia a Sánchez Fuentefría y a Gómez García. La Guardia Civil destaca el “papel clave” de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan, fuese “transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF”.
Los agentes sostienen que “han hallado correos electrónicos de los que se infiere» que Sánchez Fuentefría “se encargó de mantener la interlocución con ADIF a través de Michaux”, entonces director general de gestión de personas de la entidad. Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda “asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados” por la entidad y la contratación pudiera “llevarse a término”.
