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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido no elevar al Tribunal Supremo la petición para imputar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación con el llamado «caso Koldo». La decisión ha sido respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha rechazado la solicitud presentada por la acusación popular Iustitia Europa. Esta acusación pedía que, debido a la condición de aforado de Ábalos (quien sigue siendo diputado tras su expulsión del Grupo Socialista en el Congreso), el Supremo evaluara los posibles indicios de delito.
Diligencias en curso y nuevos informes pendientes
El magistrado ha argumentado que no hay «motivos suficientes» para proceder con la imputación, al menos por ahora, ya que la investigación sigue en curso. Entre las diligencias pendientes figuran las declaraciones de ex altos cargos de Puertos del Estado y Adif, además de informes policiales que se están elaborando sobre los dispositivos digitales intervenidos en la investigación. En particular, se espera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según fuentes cercanas al caso, podría apuntar a indicios suficientes para investigar a Ábalos en relación con adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia.
Sin embargo, aunque el juez ha cerrado temporalmente la posibilidad de imputar al exministro, ha dejado abierta la puerta para que se reevalúe su situación en función de los avances en la investigación. El magistrado ha subrayado que la decisión actual se toma «sin perjuicio de lo que pudiera resultar en el futuro» una vez se practiquen las diligencias restantes.
Citación de un testigo clave
El juez sí ha considerado pertinente la citación de Manuel Fresno, director financiero de Adif, cuya comparecencia fue solicitada por la acusación Asociación Liberum. Fresno deberá testificar el próximo día 16 de septiembre, lo que se considera un paso importante para avanzar en la investigación.
Acusaciones contra Ábalos por prevaricación y malversación
La acusación popular, a cargo del abogado Luis María Pardo de Iustitia Europa, ha solicitado la imputación del exministro por delitos de prevaricación, malversación y fraude administrativo. Pardo sostiene que la investigación ha puesto de manifiesto que Koldo García, exasesor de Ábalos, supuestamente cobró comisiones ilegales para facilitar contratos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama investigada.
El letrado también señaló que Ábalos fue el «ejecutor y firmante» de las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia, y destacó la relevancia de una auditoría del Ministerio de Transportes que habría señalado directamente al exministro. Además, la acusación popular ha hecho hincapié en que Ábalos habría mantenido encuentros con varios de los investigados y era consciente de lo que estaba ocurriendo en su ministerio.
El rol de Ábalos en las adjudicaciones investigadas
Iustitia Europa argumenta que el exministro jugó un papel clave en las adjudicaciones a la empresa implicada en la «trama Koldo», señalando que su posible participación en las gestiones de contratos relacionados con Puertos del Estado y Adif debe ser aclarada. La acusación ha calificado de «interés público» el esclarecimiento del papel de Ábalos en los hechos investigados.
