El juez Santiago Pedraz ha dejado en libertad con medidas cautelares al empresario Claudio Rivas. El socio de Víctor de Aldama se encuentra imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
El instructor de la causa en torno a la defraudación de 182 millones de euros en el IVA del sector de los hidrocarburos, citando el informe del Ministerio Fiscal, señala que “se pueden considerar, sino neutralizados sí muy disminuidos los riesgos” que justificaron la adopción de la prisión provisional impuesta el 10 de octubre de 2024.
El magistrado da por “muy atenuada la capacidad” de Rivas “para impedir o dificultar las diligencias de investigación que se pudieran ir acordando” en este procedimiento judicial, y es, por ello, que considera en firme su libertad provisional con medidas cautelares.
En el informe remitido por Anticorrupción, el juez recuerda que, conforme al artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene la obligación de permitir que abandone la prisión ya que ninguna de las partes personadas, en este caso el Ministerio Público, porque la acusación popular no concurre al pesar secreto de sumario, solicita la prisión. Teniendo también en cuenta que su defensa ha reclamado la libertad para Rivas.
De Aldama y Claudio Rivas salen de prisión con medidas cautelares
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impone a Rivas la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa del órgano judicial, con retirada del pasaporte, así como la fijación de un domicilio para las notificaciones que le tengan que hacer.
Claudio Rivas fue detenido el pasado mes de octubre junto a su socio Víctor de Aldama. Ambos empresarios están acusados de pertenecer y tener un papel relevante en la trama de los hidrocarburos por la que han defraudado 182 millones de euros a través del IVA de la venta de combustibles. Estas ventas fueron posibles gracias a las licitaciones que se habrían adjudicado a dedo a través de varios ministerios.
El caso Villafuel afecta a empresarios y políticos socialista. Uno de los principales señalados por su intervención en la licitación de hidrocarburos es el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El socialista habría pagado el alquiler del piso de su amante, Jésica, durante tres años.
Según un informe remitido por la UCO, el exministro habría pagado 88.000 euros del alquiler de Jésica, procedente de este caso de corrupción. El encargado de hacer estos pagos mensuales era el exasesor de Ábalos, Koldo García.
